Máxima tensión en la UE por la división ante el plan de choque contra la crisis sanitaria

La tercera cumbre europea virtual en dos semanas trataba este jueves de pactar una declaración conjunta por una “estrategia coordinada” que recupere la normalidad social, económica e industrial del continente una vez superada la pandemia. Pero la división entre los socios sobre la dimensión, los instrumentos y el arranque de ese plan de choque mantenía anoche en el aire esa declaración unánime. Italia, molesta con la timidez del plan esbozado, amenazó con desmarcarse del texto y condenar la cumbre a un fracaso que pondría en duda la capacidad de la UE para reaccionar de manera conjunta a la mayor crisis sanitaria de su historia.

La cumbre arrancó con un proyecto de declaración que se limitaba a anunciar una futura “hoja de ruta para un plan de acción” que devuelva el vigor a la economía europea. La única medida concreta a corto plazo era la petición a los ministros de Economía de la zona euro para que rematen una suerte de red de seguridad que podría permitir a los países en dificultades acudir a una línea de crédito de emergencia del Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede), que tiene una capacidad de hasta 410.000 millones de euros. Pero esa referencia al fondo de rescate europeo, cuya utilización evoca el peligroso estigma de los países rescatados durante la crisis financiera, soliviantó al primer ministro italiano, Giuseppe Conte, que se niega a utilizar un instrumento pensado para crisis de deuda.

Conte dio un golpe sobre la mesa e impuso un plazo de 10 días al resto de los socios de la UE para buscar una solución a la grave crisis sanitaria, social y económica que ahora experimenta sobre todo el Sur. Según los italianos, el presidente Pedro Sánchez, avaló el órdago de Conte. La resistencia de Italia, que encabeza al grupo de nueve países que reclaman más ambición (entre los que figuran Francia y España), dejaba anoche en el aire el desenlace de la cumbre. Fuentes diplomáticas no descartaban que el resultado final fuese una mera declaración del presidente del Consejo, Charles Michel, como ya ocurrió durante las dos videoconferencias celebradas desde el inicio de la crisis del coronavirus.

El proyecto de declaración inicial había sido fruto de varios días de regateo diplomático, en los que se fueron imponiendo las tesis más cautas de los países más ortodoxos fiscalmente, con Alemania y Países Bajos al frente.

De poco sirvió la alianza orquestada en la víspera de la cumbre por nueve países partidarios de responder a la crisis con un instrumento de deuda compartida que permita aliviar la ingente factura que deberán afrontar varios Estados europeos.

Ese grupo más ambicioso, en el que militan Italia, España y Francia, representa casi la mitad de la población de la UE. Pero la escala que importa en Berlín o en La Haya es la de los números rojos. Y los nueve países aliados representan el 72% de la deuda púbica de la zona euro. Solo Italia acumula unas deudas pendientes (2,38 billones en 2019) que casi igualan las de Alemania y Holanda juntas (2,47 billones). Desde los países del Norte se quitaba hierro antes de la cumbre a la carta que esos nueve Estados mandaron a Michel para reclamar la mutualización de los costes de esta pandemia. “Es una carta que firman nueve de los 27 socios antes de un Consejo. Está bien, entra dentro de la normalidad”, afirmaron fuentes diplomáticas.

El Gobierno alemán de Angela Merkel y el holandés de Mark Rutte se niegan a que en este arranque de la crisis se utilicen ya recursos comunitarios. Ambos países, con apoyo de Austria y Finlandia entre otros, prefieren que se explote inicialmente la vía nacional, aprovechando la suspensión temporal del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (que fijaba un límite del 3% del déficit público) y la relajación de las normas de ayudas de Estado (que limitaban los subsidios a empresas en dificultades).

Esas dos medidas aprobadas hasta ahora, sin embargo, benefician de manera asimétrica a los socios comunitarios, porque solo pueden ser explotadas por los países con amplio margen de maniobra fiscal, como Alemania y Holanda. Los que están en números rojos (como España) y con un volumen de deuda cercano al 100% del PIB (como España y Francia) o por encima del 100% (como Italia o Portugal) apenas disponen de espacio presupuestario para embarcarse en un gran plan de estímulo fiscal con cargo a las arcas públicas.

Dinero con condiciones

El ministro holandés de Finanzas, Wopke Hoekstra, ha llegado a sugerir en las reuniones mantenidas con sus homólogos por videoconferencia que la Comisión Europea debería investigar por qué algunos países no disponen de ese margen presupuestario a pesar de que la zona euro lleva siete años de crecimiento ininterrumpido, el periodo más largo de bonanza desde el nacimiento de la moneda única en 1999.

Los halcones contemplarían el uso del Mede en un futuro, si el respiro que ha dado el Banco Central Europeo acaba agotándose. Pero esos programas, a su juicio, deberían estar sujetos a una condicionalidad semejante a la de un rescate financiero, algo a lo que Italia y España se niegan. Primero, por el estigma que supondría para el país que lo pidiera y, segundo, porque creen que acceder a un préstamo no debería tener otra condición que atender a la emergencia. Y van más allá: piden compartir los costes.

“El problema es que la crisis del coronavirus todavía no ha golpeado a todos los países de manera simétrica”, señala una fuente diplomática meridional. Los países del Sur están convencidos de que el brutal impacto acabará sintiéndose en toda la UE. Y que entonces llegará el momento de pactar a nivel europeo un gran plan de estímulo, calificado por el presidente Sánchez como Plan Marshall.

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