Malestar entre las comunidades autónomas con Trabajo por el uso de los fondos de empleo

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.Spanish Government HANDOUT / EFE

Las comunidades autónomas del PP y Ciudadanos acusan al Ministerio de Trabajo de no poder aplicar políticas para mantener el empleo, ser desleal y mostrar una falta de conocimiento en la gestión de la crisis del coronavirus. En una misiva que han enviado a la ministra de Trabajo con el mismo texto los consejeros autonómicos de Empleo de Madrid, Andalucía, Murcia, Galicia y Castilla y León, estos sostienen que el Ministerio ha invadido sus competencias, las deja sin dinero para sus políticas y sin la información suficiente para gestionar los ERTE.

Esta carta se ha remitido la noche antes de la conferencia sectorial celebrada este miércoles de forma telemática. En ella las Comunidades han votado a favor de un nuevo reparto de solo 1.048 millones en lugar de los 2.300 millones que les correspondían. El resto de los recursos se los quedará el Gobierno para pagar prestaciones. Las 10 del PSOE y sus socios han votado a favor. Las cinco del PP y Ciudadanos han votado en contra junto a Cataluña. Y el País Vasco se ha abstenido porque no está en el reparto, aunque ha mostrado su descontento. Además, dos autonomías del PSOE se han mostrado abiertamente críticas con la apropiación de los fondos. Y se ha dado un intenso debate en el que se han cruzado reproches. La mayoría de las del PSOE han lamentado la limitación que les supone quedarse ahora sin esos recursos. Al final, los 1.048 millones se distribuirán en medio de una gran incertidumbre dado que, como admite el Ministerio de Trabajo, “no se sabe cómo se van a repartir”. Y su importe quedará “condicionado a una valoración final de cómo cierre el ejercicio”, subraya el departamento de Díaz

“En este proceso, el Ministerio de Trabajo ha adoptado una larga relación de medidas que afectan a las relaciones laborales, sin mediar ninguna consulta con las comunidades autónomas, quienes en el desempeño de su papel de autoridad laboral deben en última instancia desarrollar buena parte de las medidas aprobadas”, dice la carta remitida por los consejeros del PP y Ciudadanos a la titular de Trabajo, Yolanda Díaz.

Y agregan que por tanto no ha sido posible dar su opinión o explorar la posibilidad de aplicar “opciones alternativas, que podrían haber conseguido mejores resultados al ser más ágiles y fáciles de aplicar en términos administrativos”.

Los consejeros ponen como ejemplo la opción que se ha escogido para hacer los ERTE: dicen que se podía haber hecho sin acabar como se está ahora, con “un inmenso aluvión de expediente a resolver, generado por la presentación de miles de solicitudes”. En su lugar proponen la opción utilizada por otros países como Dinamarca, que han decidido hacer un pago directo a las empresas de una parte de los costes laborales si esta se encontraba en unas actividades determinadas.

También reprochan al Ministerio la falta de información insuficiente sobre las gestión de los ERTE, “que en demasiadas ocasiones ha sido confusa e incluso contradictoria”. Aun así, señalan que están redoblando sus esfuerzos para que los trabajadores reciban la prestación por paro en el menor tiempo posible.

Respecto al Real Decreto Ley aprobado ayer en el Consejo de Ministros, denuncian que “autoriza el uso de las cotizaciones de formación para el pago de prestaciones por desempleo”. El texto legal afirma: “Con carácter excepcional y extraordinario, debido al impacto económico de las medidas aprobadas para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, los ingresos derivados de la cotización por formación profesional obtenidos en el ejercicio 2020, podrán destinarse a la financiación de cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de protección por desempleo”. Estos ingresos ascendieron a 2.325 millones de euros en 2019. El Ministerio ha dejado ahora abierta la puerta a que de ese dinero unos 1.000 millones sí que se puedan disponer. “La decisión muestra un nuevo menosprecio del Ministerio de Trabajo al papel que realizan las comunidades autónomas para colaborar a mantener el empleo”, afirman los consejeros.

En su opinión, “las comunidades autónomas no podrán aplicar ninguna política que permita mantener el empleo en sus territorios, ya sea de formación o cualquier otro tipo de incentivo, limitando severamente la posibilidad de colaborar a recuperar la normalidad en el menor tiempo posible”. Un consejero explica que el Ejecutivo debería tomar el dinero de otra parte, aprovechando el BCE o el mecanismo de rescate europeo, pero no de una política esencial para reinsertar parados.

“El comportamiento del Gobierno de España en materia laboral es profundamente desafortunado y desleal, mostrando en demasiadas ocasiones falta de conocimiento de la materia y del procedimiento administrativo. En un tiempo en el que se necesita la aportación de todos, sentimos mucho que se haya renunciado a la colaboración ofrecida reiteradamente por las comunidades autónomas en la búsqueda de las mejores soluciones que permitan limitar el profundo drama al que se enfrenta la sociedad española”, concluye la carta.

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