El Gobierno ultima un decreto para incorporar a parados e inmigrantes en el campo

Una mujer recoge fresas en una explotación agrícola de Cartaya, en la provincia de Huelva.Una mujer recoge fresas en una explotación agrícola de Cartaya, en la provincia de Huelva.JULIÁN PÉREZ / EFE

El Gobierno ultima la aprobación de un real decreto que flexibiliza la contratación en el campo de parados e inmigrantes sin autorización de trabajo para atajar la falta de mano de obra que está afectando a las producciones agrícolas de toda España. La iniciativa pretende paliar el déficit de temporeros en las campañas de Andalucía, Murcia, Extremadura, Aragón y Cataluña y evitar un desabastecimiento alimentario y el alza de precios en plena pandemia. El decreto ley, a cuyo borrador ha tenido acceso EL PAÍS, considera estas medidas “urgentes” para garantizar la producción y estará en vigor hasta el 30 de junio. La previsión es que el texto se debata este martes en el Consejo de Ministros.

La imposición del confinamiento y las restricciones fronterizas han coincidido con el auge de las principales campañas agrícolas y han dejado en casa a miles de trabajadores. La primera señal de alarma llegó el pasado día 13 de marzo, cuando Marruecos cerró sus fronteras y bloqueó la salida de más de 11.000 mujeres de las 17.000 convocadas para recoger los frutos rojos en Huelva. Temporeros comunitarios, como búlgaros y rumanos, tampoco han podido desplazarse. El sector agrario ocupa aproximadamente 300.000 asalariados temporales, de los que en torno a la mitad son extranjeros, según el Ministerio de Agricultura.

El real decreto, planteado desde el ministerio de Luis Planas, haría compatible la prestación por desempleo y otras ayudas sociales, contributivas o no, con la contratación para tareas agrarias. También incluye a trabajadores cuyos contratos estén suspendidos a causa de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). El borrador al que ha tenido acceso EL PAÍS excluye sin embargo a aquellos trabajadores afectados por un ERTE vinculado a la crisis del coronavirus, un punto que ha sido objeto de debate.

La nueva norma incluye también la concesión de autorizaciones de trabajo a varios colectivos de inmigrantes. Se dará prioridad a aquellos extranjeros cuyos contratos concluyan durante el periodo comprendido entre la declaración del estado de alarma y el próximo 30 de junio y también a los inmigrantes cuya regularización esté únicamente pendiente de concluir los trámites administrativos. La flexibilización también se aplicará a solicitantes de asilo que lleven menos de seis meses en España y por tanto aún no tienen permiso para trabajar así como a jóvenes migrantes extutelados entre 18 y 21 años. En tales supuestos, recoge el texto, ”podrán ser beneficiarios de la contratación temporal a cuyo efecto se podrá proceder a su regularización extraordinaria durante el periodo de vigencia del contrato”.

En todos los casos, los candidatos deben residir cerca de los lugares en los que vayan a trabajar. El borrador del decreto interpreta que la proximidad se da cuando el domicilio y el lugar de trabajo se encuentren en el mismo municipio o en términos municipales limítrofes. De cualquier forma, da libertad a las comunidades autónomas para ajustar este criterio en base a su territorio, despoblación o la dispersión de municipios.

El problema de la falta de mano de obra agraria no es exclusivo de España, sino que también preocupa a Italia, Francia o Portugal. La Comisión Europea recomendó el pasado lunes que los Estados miembros establecieran procedimientos específicos para garantizar la llegada de sus temporeros, considerados “trabajadores cruciales”. Alemania, por ejemplo, ya ha anunciado que relajará las restricciones de viaje a 80.000 temporeros de Polonia, Rumania Bulgaria entre abril y mayo para asegurar sus cosechas. Además, quiere atraer otros 10.000 trabajadores, incluidos desempleados, estudiantes y solicitantes de asilo.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) calcula que el año pasado se emplearon a unas 285.000 personas en el campo entre abril, mayo y junio. Explica que en unos 15 días va a empezar la recogida de frutas de hueso y más adelante la de frutas de verano, y si no se producen cambios en la contratación habrá un déficit de mano de obra del 40%. “Necesitamos 120.000 personas que no tenemos”, lamenta la asociación. Cataluña, Aragón, Murcia y Extremadura son las comunidades más afectadas.

La COAG mantiene que el problema no reside solo en la falta de mano de obra procedente del extranjero. Las normas impuestas por el Ejecutivo para frenar la expansión del virus también implican restricciones a los desplazamientos dentro de España, a las que se suma la dificultad de encontrar alojamiento para las cuadrillas. “Por eso hay que priorizar la gente que vive muy cerca”, confirma la asociación. La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) quita gravedad al asunto y asegura que, de momento, no hay falta de mano de obra, aunque sí hay temor por las campañas que están a punto de arrancar. “Hay que considerar que se está recogiendo menos porque el consumo ha cambiado, se compran más legumbres y pasta que fruta fresca y hortalizas”, aseguran desde UPA, “pero la agricultura y la ganadería van a seguir trabajando y garantizamos que la comida va a seguir llegando a los consumidores”.

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