El Gobierno limita los casos de inmigrantes que tendrán autorización de trabajo para incorporarse a las campañas agrícolas

Cosecha de la fresa en un invernadero de Huelva.Cosecha de la fresa en un invernadero de Huelva.Alejandro Ruesga

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto para incorporar de manera urgente más mano de obra a los campos españoles y evitar un desabastecimiento alimentario y el alza de precios en plena pandemia. El texto, adelantado por EL PAÍS, flexibiliza la contratación de parados e inmigrantes para atajar la falta de trabajadores que enfrentan las producciones agrícolas de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Cataluña. Según el ministro de Agricultura, Luis Planas, faltan entre 75.000 y 80.000 temporeros para garantizar las cosechas.

La versión definitiva del real decreto excluye a dos colectivos de inmigrantes que sí estaban contemplados en los borradores. No habrá autorizaciones de trabajo extraordinarias para solicitantes de asilo que llevan menos de seis meses en España y por tanto no tienen permiso para trabajar y tampoco para aquellos inmigrantes cuyos papeles estaban pendientes de tramitación administrativa.

El decreto sí mantiene la prorrogación de permisos para trabajadores extranjeros cuyos contratos vencerían durante el periodo entre la declaración del estado de alarma y el 30 de junio y también la concesión de autorizaciones para los jóvenes migrantes extutelados entre 18 y 21 años que cuentan con permiso de residencia pero no de trabajo.

Las medidas aprobadas, en cualquier caso, tienen como prioridad los desempleados y el decreto permite compatibilizar los subsidios con la realización de tareas agrícolas. En concreto, se permitirá compatibilizar la prestación por desempleo, los subsidios agrarios o cualquier otra ayuda social o laboral con el trabajo en el campo. Agricultura detalla que se podrán beneficiar de la medida también los afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), pero introduce una salvedad: están excluidos aquellos trabajadores cuya actividad se haya quedado suspendida a causa de la pandemia, es decir los afectados por ERTE por fuerza mayor o razones económicas en los supuestos señalados en el decreto de medidas urgentes para hacer frente a la Covid-19.

“En el periodo desde la publicación de este decreto-ley hasta el 30 de junio se podrán compatibilizar, de forma absolutamente excepcional y extraordinaria, estas prestaciones sociales con también la posibilidad de obtener ingresos por un salario efectuando estas tareas agrarias”, ha dicho Planas este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El titular de Agricultura ha añadido que los contratos tendrán que estipularse por escrito, ser “lógicamente” el salario recogido en el convenio colectivo correspondiente o “en todo caso el Salario Mínimo Interprofesional” y el pago realizarse por transferencia bancaria.

En todos los casos, la proximidad del domicilio del trabajador de su centro de trabajo será fundamental. “Los trabajadores deberán estar en el mismo término municipal o términos colindantes para limitar desplazamientos que son nocivos desde el punto de vista sanitario”, ha explicado el ministro de Agricultura, Luis Planas, tras el Consejo de Ministros.

Problema común en la UE

La flexibilización propuesta pretende paliar la “acusada” falta de mano de obra en las explotaciones agrícolas derivada de las restricciones de movimiento y cierres fronterizos impuestos para frenar la expansión del coronavirus. El perjuicio más importante se produjo tras el cierre de fronteras decretado por Marruecos el pasado 13 de marzo que bloqueó la llegada de unas 11.000 temporeras de las 17.000 convocadas para recoger los frutos de Huelva. Pero las restricciones intercomunitarias también han impedido el desplazamiento de temporeros búlgaros y rumanos que cada año se emplean en los campos españoles. El sector agrario ocupa aproximadamente 300.000 asalariados temporales, de los que en torno a la mitad son extranjeros, según el Ministerio de Agricultura. Las limitaciones de la movilidad afectan también a los trabajadores, extranjeros o nacionales, residentes en España que han visto restringidos sus desplazamientos colectivos.

El problema es común en otros países europeos, como Italia, Francia, Portugal o Alemania y la Comisión Europea ha pedido a los países miembros que establezcan procedimientos para permitir la llegada de trabajadores agrícolas de terceros países de forma segura. “Cada país europeo lo ha hecho en función de sus necesidades y de su estructura”, ha afirmado Planas. Alemania, por ejemplo, ya ha anunciado que relajará las restricciones de viaje a 80.000 temporeros de Polonia, Rumania Bulgaria entre abril y mayo para asegurar sus cosechas. Además, quiere atraer otros 10.000 trabajadores, incluidos desempleados, estudiantes y solicitantes de asilo. En el caso de España, muy dependiente de mano de obra marroquí, el ministro Planas ha descartado desplazamientos desde el país vecino.

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