Remar acompasados

La gestión de la pandemia causada por el coronavirus ha presentado un formidable reto de coordinación en distintos niveles: el mundial, el europeo y el nacional. El reto en el primer nivel lo hemos perdido y el de la Unión Europea parece abocado a un doble fracaso. La descoordinación está obligando a cada país a enfrentarse a la pandemia con lo que buenamente puede, con mejor o peor fortuna según su desarrollo tecnológico, la extensión de sus contactos en China o su pericia para comprar materiales en un mercado descontrolado. En el ámbito económico, la falta de consenso sobre la respuesta a esta crisis profundiza la división entre quienes demandan fórmulas para la mutualización del riesgo y quienes las rechazan aludiendo, como en la crisis financiera del 2008, a un problema de riesgo moral.

El desafío nacional en un sistema descentralizado como el nuestro se encuentra en la coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Desde que en 2001 las regiones del llamado territorio Insalud recibieran las competencias de sanidad, la coordinación de esta política se desarrolla en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, una de las conferencias sectoriales que mejor funcionan. Quienes en el pasado han participado en estos órganos de cooperación reconocen que la coordinación es más exitosa cuando se trata de una crisis que sobrepasa las fronteras autonómicas, como ocurrió en el caso de la gripe aviar, la peste porcina o la crisis de las vacas locas. En estos asuntos la división ideológica entre territorios tiende a diluirse a fin de conseguir la colaboración institucional. Siguiendo esta experiencia, la gravedad de la crisis actual debería ser más que suficiente para eliminar cualquier atisbo de división en la colaboración intergubernamental. Sin embargo, esta crisis excepcional ha estallado en un momento igualmente excepcional por lo que a la confrontación política se refiere.

La sensación es que el impulso inicial de unidad y coordinación entre el Ejecutivo central y los autonómicos se debilita. ¿Por qué? Existen algunos factores estructurales que lo explican. Sabemos, por ejemplo, que la cooperación es más complicada cuanto más protagonismo adquieren los órganos de negociación del nivel político en detrimento de los órganos técnicos, pues los primeros son más permeables a la confrontación partidista. Los acuerdos son también más probables cuando la frecuencia de las reuniones acaba redundando en una mejora de las relaciones personales entre los asistentes. Si las relaciones entre el presidente del Gobierno y los autonómicos no están siendo fáciles es en parte porque se incumplen esos dos requisitos para que la cooperación funcione: se trata de una colaboración de primer nivel político y en un formato que había caído en desuso, pues durante la última década la Conferencia de Presidentes apenas se ha convocado. En cualquier crisis, mejor llegar con los instrumentos de cooperación bien engrasados.

Quizás el factor de fondo más importante para que Gobierno central y autonómicos remen acompasados es que la naturaleza y el alcance de los costes a los que se enfrentan son distintos. Por un lado, los gobernantes autonómicos son responsables de una gestión que se mide de forma concreta e inmediata en el grado de protección a sus ciudadanos en comparación con otros territorios. Esto explica, por ejemplo, que se adelantaran en el cierre de colegios o que se embarcaran en una adquisición masiva de material sin esperar a la compra centralizada, a pesar de que ello les hacía competir entre ellas por un material escaso con un poder de negociación más fragmentado. Por otro lado, sobre el Gobierno central recae la responsabilidad de redistribuir los recursos y los costes financieros de medio y largo plazo que se deriven de esta crisis. Así, la decisión del cierre total salvo para actividades esenciales puede beneficiar a las comunidades autónomas con los sistemas sanitarios más saturados, pero los efectos económicos y financieros de ese cierre recaen sobre el conjunto y será el Gobierno central quien deba rendir cuentas sobre ellos ante la ciudadanía y las instituciones europeas. Que el País Vasco haya liderado la protesta por esta decisión no solo responde a una cuestión de forma, sino también a que, en su caso, los costes del cierre de su industria no pueden diluirse en el conjunto y recaen esencialmente sobre su territorio, al tener plena autonomía sobre su financiación.

La coordinación es más exitosa cuando se trata de una crisis que sobrepasa las fronteras autonómicas

El esfuerzo más importante de coordinación está por llegar. En las próximas semanas las asimetrías territoriales en la incidencia de la epidemia y en los costes económicos del cierre seguramente aflorarán en forma de estrategias autonómicas diferenciadas en el ritmo e intensidad del retorno a la actividad económica. Cuando el Gobierno central no disponga de la autoridad que le otorga el estado de alarma se necesitarán muchas complicidades para desarrollar una estrategia común de regreso paulatino a la normalidad que asegure que las decisiones sobre qué es lo mejor en cada territorio no lastran la evolución de la epidemia ni la recuperación económica en el conjunto.

Sandra León es politóloga e investigadora Talento Sénior en la Universidad Carlos III de Madrid. @sandraleon_

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