Canarias, ante el precipicio social

Canarias transita en este momento dos pendientes al mismo tiempo. Una cuesta abajo, la de los casos de coronavirus detectados en el archipiélago; y otra que no deja de subir: la de las personas a las que la pandemia ha orillado hacia la exclusión social por la vía del paro. El consejero de Hacienda y vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, insiste en que la región necesita una diferenciación en el desconfinamiento. Considera que “la gestión de la crisis es francamente mejorable por parte del Gobierno de España” y cuestiona que “no se haya dado participación a los Gobiernos territoriales” en las decisiones.

Rodríguez, presidente de Nueva Canarias y número dos del Gobierno, augura que el daño para la economía canaria será “brutal”: cerca de un 20% de retroceso del PIB y una reducción de ingresos propios, sobre todo a través del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC, sustituto del IVA), que podría llegar a los 1.000 millones de euros, según sus estimaciones.

Para el Gobierno de Canarias es fundamental que las garantías para los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) habilitadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez se extiendan en el tiempo y así proteger a las miles de personas que en Canarias se han quedado varadas por el parón turístico. Nadie se atreve a pronosticar una fecha de regreso de los turistas a las islas. Los más optimistas creen que en junio puede haber señales y los más conservadores posponen ese momento a otoño. El Gobierno canario prefiere la prudencia y seguir semana a semana la evolución de la pandemia.

Las macrocifras, que asustan y hacen temblar las cuentas públicas de la comunidad, entran como un cuchillo en las casas de miles de personas que están en una situación muy complicada. El Gobierno regional ha aprobado el Ingreso de Emergencia Canaria, una prestación puntual para el mes de mayo, consciente de que muchas familias no van a tener ingresos y que la capacidad de ahorro era prácticamente nula para muchas de ellas. Según el último informe elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN, en sus siglas en inglés), el 10% de la población de las Islas estaba sumida en la pobreza severa, y más del 35% en riesgo de exclusión. El impacto de la covid-19 puede ser demoledor.

Koldobi Velasco, portavoz de la Red en Defensa de los Servicios Sociales de Canarias, considera fundamental garantizar una renta para todas las personas. “Es un elemento básico para la redistribución de la riqueza. No puede tener una mirada benéfica o clasista, sino de derecho y de dignidad”, dice. Velasco sitúa en más de 700.000 los canarios que podrían necesitar ese dinero “para poder vivir”.

Julio Pérez afrontó en verano la crisis generada por el voraz incendio de Gran Canaria como consejero de Seguridad del Gobierno autonómico. A finales de marzo fue nombrado consejero de Sanidad tras destituir a Teresa Cruz el presidente Ángel Víctor Torres. Pérez, veterano socialista y abogado, está siendo el bombero del Gobierno. Planifica “un cambio en los hábitos de funcionamiento de los centros de atención primaria, tanto en las medidas de protección como en las salas de espera”. “Todo va a cambiar”, anuncia. Apuesta también por más trabajo a domicilio de los médicos en los municipios, para evitar que las personas con infección respiratoria se desplacen a los centros de salud.

“El número de contagiados se está reduciendo cada día y será preciso, para mantener el desconfinamiento, que siga así. Los hábitos sociales no van a regresar rápido: no habrá funerales ni fiestas por ahora”, dice Pérez. “La señal que nos ha dado el Gobierno de España es que el proceso de desescalada se acomodará a los territorios. Y esperamos que así sea”, sentencia. En el Gobierno de Canarias se espera que Sánchez atienda a las propuestas de las Islas. “Hay que descentralizar la reconstrucción”, sostienen fuentes del Ejecutivo autonómico.

El epidemiólogo Amós García sigue de forma pormenorizada el impacto de la enfermedad en Canarias, observando con vértigo el descenso desde Salud Pública. “Los montañeros saben que, si el ascenso es difícil, el descenso no lo es menos”, advierte. Y muestra un temor: “El mensaje no puede ser el de relajación, sino el de avanzar con medidas de prudencia”. Sobre la situación de Canarias, Amós entiende que el trato que se dio al caso de La Gomera, que fue el primero de España, y el cierre de un hotel en Tenerife, una decisión tan inédita como drástica, hicieron que los centros sanitarios se activaran antes de que las recomendaciones gubernamentales llegaran.

Sobre la posible inmunidad, el influjo de las temperaturas plácidas de las Islas y la estacionalidad que puede adquirir el virus, el veterano epidemiólogo refleja todas las dudas existentes en la actualidad en la profesión médica que observa al virus.

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