Doble sentido

Las limitaciones a la movilidad impuestas por el Gobierno en virtud del estado de alarma no han supuesto un cuestionamiento de la naturaleza autonómica del sistema político español; tampoco puede suponerlo el que se levanten. La situación excepcional generada por la pandemia del coronavirus, que, al tiempo que ponía en riesgo la vida de los ciudadanos, amenazaba con colapsar el sistema sanitario, exigió adoptar respuestas inéditas e inevitablemente improvisadas que tendrán que ser decaer o ser revisadas tanto en su concepción como en su ejecución para mejorar la eficacia. Pero la necesidad de transformar los errores en experiencia, así como de incorporar los aciertos a las pautas regladas de acción para el futuro, exige huir de cualquier aproximación diferente de la pragmática.

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Un balance exhaustivo de la gestión de la pandemia realizada por la totalidad de la estructura del Estado será imprescindible en su momento, y más tomando en consideración el hecho de que la sanidad es una de las competencias descentralizadas. Pero ese balance no puede convertirse en una coartada para forzar la recentralización de las autonomías ni para justificar la deconstrucción del Estado. El principio de subsidiariedad es el que rige la relación entre ambas instancias, y opera en el doble sentido y no solo en uno como parecen creer algunas fuerzas políticas desde posiciones simétricas. Para que las comunidades puedan desarrollar aquellas competencias en las que tienen ventajas comparativas es preciso que reconozcan que el Estado central también tiene las suyas, manteniendo ambas partes un equilibrio respetuoso y leal. Un equilibrio que deriva de exigencias institucionales, pero que ahora viene impuesto, además, por la necesidad de cooperar eficazmente ante una amenaza que puede repetirse.

Algunas autonomías exigen al Ejecutivo la totalidad de las competencias para gestionar la salida del estado de alarma. El argumento que invocan es que ellas conocen mejor la realidad sobre el terreno. Se trata de un argumento irrebatible, a condición de admitir que también lo es el de que el Gobierno conoce mejor que ellas la situación de conjunto. Y esto sin tomar en consideración la dimensión europea e internacional de la pandemia. España ha tenido que estar presente y activa en ambos escenarios para contenerla y tendrá que volver a hacerlo para dejarla definitivamente atrás, tanto en términos sanitarios como económicos.

Aunque sin olvidar la tragedia vivida por muchos ciudadanos y el esfuerzo sobrehumano realizado por los profesionales de la sanidad, la relativa sensación de alivio que pueden producir algunos datos recientes no es la mejor actitud para abordar un tramo que está más cerca del final, pero que dista mucho de serlo. No solo porque el virus sigue produciendo muertes y los hospitales continúan trabajando a un ritmo frenético, sino también porque el riesgo de contagio no ha desaparecido. En ningún momento de esta crisis los cálculos políticos deberían haber primado sobre el interés general, y tampoco deberían hacerlo cuando lo peor de la pandemia parece haber quedado momentáneamente a la espalda. Entonces y ahora era el momento de la subsidiariedad, porque entonces y ahora se necesita que, por razones institucionales y de eficacia, la totalidad de las Administraciones hagan aquello que mejor pueden hacer.

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