La pandemia paraliza la repatriación de 54 españoles encarcelados en el extranjero

Presos de la cárcel de Villa Devoto, en Buenos Aires (Argentina), se amotinan el pasado 24 de abril para pedir protección contra el coronavirus.Presos de la cárcel de Villa Devoto, en Buenos Aires (Argentina), se amotinan el pasado 24 de abril para pedir protección contra el coronavirus.Juan Ignacio Roncoroni / EFE

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha paralizado la repatriación de 54 españoles encarcelados en países de fuera de la Unión Europea (UE) cuyos expedientes para que pudieran cumplir la parte final de sus condenas en España estaban ya en marcha o, incluso, finalizados. El pasado 31 de enero, había 946 ciudadanos españoles presos en el extranjero (831 hombres y 115 mujeres), en su mayoría por tráfico de drogas. A esa fecha habían solicitado su traslado a España 117, según una respuesta parlamentaria al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

De los 54 expedientes de repatriación a España ahora paralizados, 43 tenían ya autorización del Gobierno de España y su traslado no se había ejecutado porque o bien porque no había cumplido el mínimo de la pena en el país de su detención que exigen los acuerdos antes de que pueda trasladarse para cumplir el resto en el país de origen o bien, pese a estar ya autorizados por ambos países, el traslado estaba pendiente precisamente de “las autoridades policiales”. Los otros 11 expedientes estaban aún pendientes de autorización por parte del Gobierno español, aunque en cinco casos este trámite estaba a punto producirse “en las próximas semanas”, según la respuesta parlamentaria. En los seis casos restantes, España aún no había recibido la documentación que debe remitir el estado de condena para continuar con los trámites.

El Ministerio de Asuntos Exteriores atribuye la paralización a una instrucción de Interpol (un organismo policial que engloba a 194 países, entre ellos España), “que se encarga de la ejecución de estos traslados y que ha anunciado la suspensión de las comisiones de servicio hasta nueva orden”. La paralización general del tráfico aéreo impide de momento esos desplazamientos, aunque el ministerio sí propicia los vuelos de retorno de los españoles a los que las restricciones de movilidad sorprendieron de turismo en el extranjero. Las mismas fuentes de Exteriores añaden que las embajadas y consulados “siguen atendiendo a los presos españoles, pese a las dificultades ocasionadas por el coronavirus”.

La cifra de los 946 ciudadanos españoles presos en el extranjero (572 detenidos por tráfico de drogas y 374 por otros delitos) es sensiblemente inferior a la registrada en los últimos 10 años. En 2011 había 2.519 encarcelados fuera de España, fundamentalmente en Perú, Brasil, Marruecos y Francia. Desde entonces, la estadística se ha reducido. Al año siguiente eran 2.460, para bajar en 2013 a 2.027. En 2014 se redujeron a 1.735 y, un año más tarde, a 1.534. En 2016 eran 1.328. Buena parte del descenso de estos últimos años es fruto de los convenios bilaterales firmados con otros países. España tiene acuerdos con 36 países, además de los 47 que forman parte del Consejo de Europa. En el ámbito de la Unión Europea, desde diciembre de 2014, los países hacen un reconocimiento mutuo de resoluciones penales que imponen penas privativas de libertad, por lo que los traslados de presos entre uno y otro país se hacen sin la intervención, en el caso español, del Ministerio de Justicia.

Muchos de los españoles presos en el extranjero tienen que pagar para comer, para tener una cama en la que dormir, o para no vivir hacinados en una celda compartida con decenas de condenados. La mayoría no tienen recursos para contratar un abogado, e incluso dependen de la caridad para ser repatriados una vez cumplen su condena.

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