El Gobierno presenta la estadística oficial de alquiler, pero prefiere esperar para poner topes a los precios

Carteles de alquiler ante un edificio de Madrid, en una imagen de archivo.Carteles de alquiler ante un edificio de Madrid, en una imagen de archivo.Uly Martin

La estadística oficial de precios de alquileres ha visto la luz. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (antiguo Fomento) ha presentado este martes el nuevo sistema estatal de índices de referencia de precios en alquiler. La estadística, a la que cualquier ciudadano podrá tener acceso ya que se aloja en la web del Ministerio, parte con los datos de 11,2 millones de arrendamientos recabados en cuatro ejercicios tributarios (de 2015 a 2018). Próximamente se actualizará con los datos de 2019.

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha destacado que se trata de una herramienta “sencilla, detallada, contrastada y fiable” para las Administraciones públicas, los particulares y los profesionales del sector inmobiliario. “Nos hemos procurado un instrumento muy útil a la hora de tomar decisiones en el ámbito de lo público”, ha añadido. Una de esas decisiones, que ninguno de los intervinientes en el acto ha citado expresamente pero figura en los acuerdos de Gobierno, es buscar la manera para que esos datos permitan identificar aquellas áreas donde se han producido grandes subidas de precios en los últimos años y, en última instancia, permitir a las comunidades autónomas (que tienen las competencias en Vivienda transferida) y los Ayuntamientos que establezcan límites de rentas en esas áreas.

Para ello, contarán con información muy detallada, aunque no excesivamente actualizada ya que la base fundamental de la estadística son las declaraciones de renta de los contribuyentes y la renovación se hará anualmente. Cruzando esos datos con otros de catastro, registros de la propiedad, INE, portales inmobiliarios y hasta las estadísticas propias los territorios que las tienen, como Cataluña o la Comunidad Valenciana, el nuevo sistema ofrecerá información hasta el nivel de sección censal.

De cada una de las secciones censales donde se disponga de información de al menos 10 inmuebles, se podrá consultar el precio por metro cuadrado, lo que se paga de alquiler como media y la superficie media de las casas que se arriendan. La herramienta también ofrece datos de lo que cuestan las casas que están en el 25% más barato del mercado y las que están en el 25% más caro. Eso mismo se podrá consultar en los niveles de distrito censal, municipio, provincia y comunidad autónoma. País Vasco y Navarra quedan fuera de la estadística inicialmente al contar con agencias tributarias propias y no participar del régimen común, aunque el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, ha señalado que “se están buscando fórmulas” para incorporar información también de esos dos territorios.

Según los primeros datos publicados, Madrid es la provincia más cara de España con una media de 780 euros. Le sigue Barcelona con 694 euros y las Islas Baleares con 624 euros. Los municipios de Pozuelo de Alarcón (1.200 euros) y Majadahonda (1.100 euros), ambos en el área metropolitana de Madrid, son los dos que tienen los pisos más caros. Les sigue Alella, en los alrededores de Barcelona, con 1.000 euros de arrendamiento medio. Todos estos datos se refieren a pisos en bloques colectivos, ya que la estadística da por separado los precios de las casas unifamiliares.

Carencia histórica

Como ha recordado Ábalos, la presentación del índice de precios pone fin a “una carencia histórica”, en el mercado español de arrendamientos. La falta de una estadística oficial ha hecho que durante años la manera de medir la evolución de los alquileres haya pasado por las estadísticas de los portales inmobiliarios. Pero estos publican el precio de oferta, lo que eleva las medias al alza porque en la negociación entre propietarios e inquilinos es relativamente frecuente que se acuerde una renta más baja. Otra diferencia notable con los datos que recoge el Ministerio es que estos últimos sacan la media de todo el parque de arrendamientos y no solo de los últimos contratos firmados.

Con la medida de este martes, España avanza un paso más hacia la puesta en marcha de alguna forma de limitación de los alquileres, aunque la posibilidad parece más lejana ahora que hace unos meses. El ministro Ábalos se comprometió el pasado febrero a presentar antes del verano una legislación que permitiese el control de precios, pero la pandemia obligó a retrasar el calendario. Fuentes del Ministerio insisten que el confinamiento ha alterado el mercado y no tiene sentido tomar medidas con una foto que ilustra la situación pre-covid. No obstante, insisten en que hay “un compromiso de legislatura” para abordar los controles de precios y habrá que hacerlo en cuanto se vea cómo evoluciona la situación.

Para ello, habría que definir previamente lo que son las áreas tensionadas, las únicas en las que se permitiría a las Administraciones establecer controles de precios. El Ministerio ha estudiado diferentes alternativas legislativas para ello pero, de momento, no parece que esa posibilidad vaya a formar parte de la Ley de Vivienda que se espera presentar antes de finales de año.

Lo que es seguro, frente a las apelaciones al “consenso” en el departamento que dirige Ábalos, es que la medida de poner topes a los arrendamientos cuenta con el rechazo casi unánime del sector inmobiliario, que la ve como una forma no deseada de control en el mercado y apela a la colaboración público-privada para aumentar la oferta de alquileres y bajar así los precios. Aunque ya hay iniciativas para desarrollar un mayor parque de alquileres asequibles, el problema de esa solución es que requiere más tiempo, ya que desarrollar viviendas requiere de años. Los controles de precios, que se han experimentado en los últimos años en algunas ciudades europeas y estadounidenses y que cuentan con el beneplácito de los sindicatos de inquilinos, tendrían un efecto más inmediato. La consecuencia indeseada, alertan desde el otro lado las compañías inmobiliarias, es que desincentive poner pisos en alquiler y se contraiga la oferta.

La discusión sobre la efectividad de los controles de precios tampoco ha sido ajena a los dos socios del Ejecutivo de coalición. Incluida en el pacto de presupuestos que firmaron Gobierno y Unidas Podemos a los pocos meses de llegar Pedro Sánchez a La Moncloa (entonces con un gabinete monocolor del PSOE), la medida no fue posteriormente incluida en un decreto sobre vivienda que el Congreso tumbó con el voto en contra de la formación de Pablo Iglesias. Ante la inminencia de las elecciones de abril de 2019, ambas formaciones se pusieron de acuerdo para sacar adelante un mes antes un nuevo decreto sobre alquileres. El consenso que se encontró fue incluir la elaboración del índice de precios, pero sin hacer alusión a los controles.

Según aquel decreto, la estadística debía haber estado lista ya el otoño pasado. Pero durante los meses en que el Gobierno estuvo en funciones, apenas se produjeron avances en la materia. Con la repetición electoral del pasado noviembre, la coalición de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos volvió a poner el tema sobre la mesa de acuerdos. Lo hizo en su forma original, como había estado en el primer pacto de presupuestos: índice de precios para definir zonas tensionadas y habilitar mecanismos de control de los alquileres. El Ministerio de Fomento, ya transformado entonces en Transportes, Movilidad y Agenda Urbana pero con Ábalos igualmente al frente, definió un nuevo calendario. La estadística estaría en marzo y alguna forma de legislación para limitar las rentas en verano. Pero entonces la pandemia volvió a alterar los planes.

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