La Generalitat prepara la concesión del tercer grado a los presos del ‘procés’

El departamento de Justicia de la Generalitat revisará en los próximos días la clasificación penitenciaria en la que se encuentran los nueve presos del procés condenados por el Tribunal Supremo por sedición y malversación a penas de entre nueve y 13 años de cárcel tras el referéndum del 1 de octubre de 2017. Todo apunta a que las juntas de tratamiento de las cárceles donde están ingresados propondrán la clasificación en tercer grado para todos ellos y que la Secretaría de Medidas Penales y Alternativas avalará la decisión.

Los nueve presos ya disfrutan desde hace meses de un régimen flexible de cumplimiento de la pena en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario que les permite pasar el día fuera de la cárcel para trabajar o hacer labores de voluntariado y regresar a dormir, a pesar de que están clasificados en segundo grado penitenciario.

Sin embargo, ahora están en prisión los fines de semana, algo que desaparecería con el tercer grado. Incluso podría darse el caso de que ni siquiera tengan que acudir a la cárcel a dormir, sino que lo hicieran en un centro abierto o un piso de la Generalitat, en función de la concreción del régimen abierto que hagan las juntas de tratamiento. El tercer grado implica, además, la posibilidad de disfrutar de 48 días de permiso al año.

La Fiscalía ha recurrido hasta ahora todos los acuerdos sobre el régimen de semilibertad del que gozan los presos y los juzgados de vigilancia penitenciaria han avalado siempre la decisión de la Generalitat, que ha vuelto a ser impugnada ante la Audiencia de Barcelona. Si finalmente se concede a los presos el tercer grado penitenciario la situación cambia y la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo en el caso de que la Fiscalía recurra.

Los sectores más recalcitrantes del independentismo exigieron al departamento de Justicia, liderado por la consejera Ester Capella (Esquerra Republicana) que se clasificara en tercer grado a los presos al conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, pero esta aguantó las prisiones y reclamó respeto a las decisiones de las juntas de tratamiento de las cárceles.

Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat, es el político que cumple la condena más elevada (13 años de cárcel), seguido de los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa (12 años). En el caso de Carme Forcadell, presidenta del Parlament cuando se declaró la independencia en octubre de 2017, la pena fue de 11 años y medio.

Los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull fueron condenados a penas de diez años y medio de cárcel, mientras que a Jordi Cuixart y Jordi Sànchez se les impusieron nueve años. Los Jordis fueron los primeros en entrar en la cárcel el 16 de octubre de 2017 por decisión de la Audiencia Nacional y unos días después, el 2 de noviembre, lo harían el resto de condenados.

Todos los hombres están ingresados en la cárcel de Lledoners, en el municipio barcelonés de Sant Joan de Vilatorrada, mientras que la exconsejera Bassa está internada en la prisión de Puig de les Basses, en Figueres (Girona) y Carme Forcadell, en la cárcel de mujeres barcelonesa de Wad-Ras.

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