La ‘ley mordaza’, más utilizada que nunca al cumplir cinco años

Agentes de la Policía Nacional realizan un control el pasado 27 de marzo en Vigo en aplicación de las medidas del estado de alarma.Agentes de la Policía Nacional realizan un control el pasado 27 de marzo en Vigo en aplicación de las medidas del estado de alarma.Salvador Sas / EFE

En la moción de censura que le llevó a La Moncloa en 2018, Pedro Sánchez calificó de “urgente” la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, pero la conocida como ley mordaza cumplirá el próximo miércoles cinco años sin cambios y siendo más utilizada que nunca, después de servir en los primeros 75 días del confinamiento para proponer 1.089.917 multas. Esta cifra supone un incremento del 42% sobre el total de sanciones de los primeros tres años y medio de la norma. El ministro Fernando Grande-Marlaska ya anunció que la derogación de la ley no supondrá eliminar el artículo más usado en el estado de alarma.

Dos adelantos electorales, una legislatura fallida y la crisis sanitaria mantienen viva una ley de la que varias veces se ha anunciado su fin. Desde que el Gobierno de Mariano Rajoy la sacara adelante en 2015 gracias a la mayoría absoluta que tenía entonces en el Congreso, varios han sido los intentos para derogarla o, al menos, reformar sus aspectos considerados más lesivos. En aquel momento, los partidos en la oposición, con el PSOE a la cabeza, presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra numerosos preceptos de la ley en línea con la contestación social que generó por el recorte en los derechos fundamentales que suponía.

Sin embargo, el alto tribunal aún no se ha pronunciado, entre otros motivos por las dificultades para que los magistrados del sector progresista y los del conservador alcancen un acuerdo para un fallo por unanimidad en los puntos más polémicos de la norma. Tampoco hay consenso en el Tribunal Constitucional sobre cómo adaptar su decisión a la sentencia que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictó en febrero pasado y en la que avalaba las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla, una figura que el Ejecutivo de Rajoy había legalizado precisamente con la inclusión de una disposición adicional en la ley mordaza.

El ámbito judicial no es el único en el que ha habido obstáculos. Tras la moción de censura, los grupos parlamentarios aceleraron los trabajos en el Congreso para llegar a una reforma consensuada. En noviembre de 2018 se comenzó a estudiar a partir de un texto elaborado por el PNV, al que el resto de grupos presentaron más de 200 enmiendas. En las tres reuniones de la ponencia, los partidos consiguieron alcanzar un principio de acuerdo. Sin embargo, la disolución anticipada de las Cortes que desembocó en las elecciones del 28 de abril del año siguiente impidió plasmarlo en una reforma.

El resultado electoral de aquella cita, que obligó a convocar nuevos comicios en noviembre siguiente, han llevado la posible reforma hasta la actual legislatura. El acuerdo de gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos incluía el compromiso de aprobar una nueva norma para sustituir a la ley mordaza. Pese a ello, la crisis sanitaria no solo ha postergado la derogación, sino que ha revitalizado una norma al convertirla en el pilar esencial utilizado por el Ministerio del Interior para sancionar a los que burlaban el confinamiento. Entre el 14 de marzo, día que se decretó el estado de alarma, y el 1 de junio —último día con estadísticas oficiales que recojan datos de todos los cuerpos policiales— las propuestas de multas fueron 1.089.197. Una cifra que supone un incremento del 42% respecto a las 765.416 que se impusieron entre 2015 y 2018.

Propuestas de sanción

formuladas por las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad

Por incumplimiento del Estado de Alarma.

Datos hasta el 31 de mayo.

Andalucía

Madrid

Com. Valenciana

Cataluña

Canarias

Castilla y León

Castilla-La Man.

Galicia

Murcia

Aragón

País Vasco

Extremadura

Baleares

Asturias

Cantabria

Navarra

La Rioja

Ceuta

Melilla

Número total de sanciones en España:

1.089.197

Por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Cuerpo

Nacional

de Policía

Guardia Civil

Autonómica

y

Local

Fuente: Ministerio del Interior.

EL PAÍS

Propuestas de sanción

formuladas por las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad

Por incumplimiento del Estado de Alarma.

Datos hasta el 31 de mayo.

Andalucía

Madrid

Com. Valenciana

Cataluña

Canarias

Castilla y León

Castilla-La Man.

Galicia

Murcia

Aragón

País Vasco

Extremadura

Baleares

Asturias

Cantabria

Navarra

La Rioja

Ceuta

Melilla

Número total de sanciones en España:

1.089.197

Por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Cuerpo

Nacional

de Policía

Guardia Civil

Autonómica

y

Local

Fuente: Ministerio del Interior.

EL PAÍS

Propuestas de sanción formuladas por las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad

Por incumplimiento del Estado de Alarma. Datos hasta el 31 de mayo.

Andalucía

Madrid

Com. Valenciana

Cataluña

Canarias

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Galicia

Murcia

Aragón

País Vasco

Extremadura

Baleares

Asturias

Cantabria

Navarra

La Rioja

Ceuta

Melilla

Número total de sanciones en España: 1.089.197

Por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Cuerpo

Nacional de

Policía

Guardia Civil

Autonómica

y

Local

Fuente: Ministerio del Interior.

EL PAÍS

El elevado número de denuncias ha provocado numerosas quejas, incluso desde Unidas Podemos, socio de gobierno. El Defensor del Pueblo lleva años urgiendo en sus informes a los partidos políticos a culminar la reforma de la ley. Amnistía Internacional, que entregará hoy 142.000 firmas en el Congreso para reclamar su derogación, asegura que el 70% de las sanciones impuestas bajo la norma entre 2015 y 2018 eran en aplicación de dos únicos artículos, entre ellos el 36.6, el utilizado durante el estado de alarma. En su comparecencia en el Congreso del pasado 23 de abril, Fernando Grande-Marlaska reiteró el compromiso del Gobierno de derogar la ley mordaza, aunque también advirtió que “hay artículos que siempre tendrán que estar en la próxima ley”, en referencia, precisamente, al artículo 36.6, que permite sancionar por falta grave —de 601 a 30.000 euros— las desobediencias a las fuerzas de seguridad.

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