Villarejo pinchó 16.500 llamadas para boicotear la entrada de Sacyr en el BBVA

Francisco González, expresidente del BBVA, antes de entrar en la Audiencia Nacional en abril pasado. EFE
Francisco González, expresidente del BBVA, antes de entrar en la Audiencia Nacional en abril pasado. EFE

José Manuel Villarejo, comisario jubilado, elaboró un metódico informe sobre los polémicos sistemas que empleó para impedir que un grupo de empresarios, liderados por Luis del Rivero, expresidente de Sacyr, se hicieran con el control del BBVA entre 2004 y 2005. El ex jefe de seguridad del Banco, Julio Corrochano, le encargó un resumen de “tres o cuatro folios con las putadas”, según se escucha en las conversaciones grabadas por Villarejo y que están en manos del juez que investiga el caso sobre los pagos —10,28 millones— del banco presidido entonces por Francisco González (conocido como FG) a la empresa del comisario, Cenyt.

Su forma de trabajar era neutralizar a los atacantes buscando sus puntos débiles con los pinchazos, filtrando información falsa a determinados medios para dominar la opinión pública, sin descartar los sobornos a políticos, según sus propias palabras. Esta situación daba ventaja al BBVA a la hora de defenderse frente a Sacyr.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha ido estrechando el cerco sobre las actuaciones del comisario jubilado Villarejo, en prisión desde 2017, relacionadas con los pagos por valor de 10,28 millones de euros recibidos del BBVA a través de Club Exclusivo de Negocios y Transacciones (Cenyt) y otras sociedades. El banco, en uno de los últimos episodios del caso BBVA-Villarejo, ha enviado un escrito al juez en el que le ofrece los 223 correos que contienen despachos internos de su expresidente, Francisco González (FG), y le pide que incorpore al sumario solo los que considere relevantes para la investigación. Entre todos los documentos aportados a la causa, se describen las primeras actuaciones que el comisario realizó para la entidad, a finales de 2004 y principios de 2005, cuando fue contratado para investigar a las personas que intentaron entrar en el capital del banco y tomar su control.

Entonces, José Manuel Villarejo y el jefe de Seguridad del BBVA, Julio Corrochano, que fue superior jerárquico del comisario jubilado en la Policía, tejieron una red de espionaje que, según la Fiscalía Anticorrupción fue “ordenada, de forma opaca, por la propia presidencia del banco”, cargo que ocupaba Francisco González, conocido como FG.

“Tres o cuatro folios con las putadas”

Este les habría requerido que siguieran todos los movimientos de los integrantes del denominado “grupo hostil” y mantuvieran contactos con grupos de presión, medios de comunicación y profesionales de distinta índole para desestabilizarles. Villarejo y Corrochano sostuvieron en aquellas fechas frecuentes conversaciones en las que daban cuenta de la evolución de las pesquisas, las cuales aparecen en el material entregado por la policía al juez García-Castellón (véase Una historia de dos maderos).

En una de esas conversaciones, de primeros de abril de 2005, Corrochano le insiste a Villarejo para que le entregue “tres o cuatro folios con las putadas” (Corrochano llamaba putadas a las operaciones de espionaje que había realizado Villarejo) para comunicárselas al “jefe” (o sea, a FG). “Más de cuatro folios no se los lee ni Dios, es lo único que va a leer él”, y de esa forma “se queda tranquilo de que se ha hecho la inversión”, le dice el jefe de seguridad del BBVA al comisario.

Esos tres o cuatro folios (en realidad , tres) que Villarejo mandó a Corrochano recogen las acciones de vigilancia que se siguieron sobre componentes del citado grupo hostil, encabezado por el empresario Luis del Rivero (presidente entonces de Sacyr Vallehermoso) y formado, entre otros, por Juan Abelló (vicepresidente de la constructora), Miguel Sebastián (jefe de la Oficina Económica del presidente del Gobierno), Carlos Arenillas (vicepresidente de la CNMV), José Pérez (ex director general del BBVA), Jesús Caínzos y José Domingo Ampuero (exvicepresidentes del BBVA) y Emilio Botín (presidente del Santander, un competidor que recibió ataques de FG en diferentes ocasiones).

“Obligar a huir” a los atacantes

El comisario denomina su informe Proyecto FG y en su sinopsis dice que “el objetivo esencial era boicotear las acciones previstas contra K [el banco], anulando las acciones del GH [grupo hostil], provocar el abandono del plan contra FG y, con ello, colaborar en su valoración personal y de reconocimiento en la junta del 26 de febrero [de 2005]”. “El departamento jurídico del K, solo quería que se contactara con los accionistas de SV [Sacyr Vallehermoso] (contrarios a la operación) para poder convencerlos de que actuaran a favor de FG”, prosigue el documento al que ha accedido EL PAÍS, que añade que “además de dichos objetivos, se consideró crucial emplear toda la energía posible en buscar elementos de presión contra los diferentes miembros del GH para obligarles a huir”.

Con esas intenciones realizaron lo que clasifican como “contactos”: 89 encuentros con medios de comunicación, 73 reuniones con miembros de los Servicios de Información e Inteligencia del Gobierno, 27 encuentros con representantes de los Servicios de Inteligencia extranjeros, 64 contactos con especialistas en economía, Bolsa, mercados…, y 49 acercamientos a “entornos privados y cercanos” de los miembros del GH.

También relata las “infiltraciones” en medios de comunicación y entidades económicas, de las que 39 fueron intentos fallidos; seis “éxitos en incidir sin reservas en la línea editorial” de Libertad Digital, Periodista Digital, El Confidencial, El Mundo, ABC y Onda Cero; otros seis “en incidir con reservas en la línea editorial” de El Confidencial Digital, La Razón, Cope, Telemadrid, Antena 3 y Tele 5, así como 18 en “otros medios periféricos”, y dos éxitos “en intoxicar para [hacer] dudar de las fuentes (algunas dentro de K)”, el BBVA, “en Hispanidad y PRISA”, editora de EL PAÍS .

Controlar a escoltas y jueces

Posteriormente, el informe habla de “penetraciones”. Se refiere a ocho intentos fallidos en el entorno de accionistas de Sacyr y 23 más en otros ámbitos; tres intentos también fallidos en el servicio de escoltas de Miguel Sebastián, Carlos Arenillas y Luis del Rivero, y seis “éxitos” en el departamento de seguridad de Sacyr (“especialmente en control de accesos”), la asociación ADIC (de Rafael Pérez Escolar), el servicio de escoltas de Juan Abelló, el departamento de informática de Intermoney, la agencia de investigación Kroll y el “entorno homosexual de Chueca (frecuentado por Sebastián)”.

En el capítulo de “acercamientos”, que relata a continuación, el informe destaca nueve “intentos fallidos” en medios judiciales y cuatro “éxitos” repartidos en los juzgados de Madrid y Murcia, la Fiscalía Anticorrupción y la Corte Judicial de Chile. Asimismo, destaca que realizaron 24 viajes dentro de España y cuatro al extranjero (Suiza, Portugal, Italia y Chile).

El tiempo de vigilancias que dedicó el equipo de Villarejo, según el informe, fue de 7.150 horas “en objetivos en movimiento (individuos, citas y reuniones)”; 7.480 horas “en objetivos fijos (vehículos, domicilios, restaurantes y púb. habituales…)” y 1.675 horas en “contra-vigilancias aleatorias y controles aleatorios”. El tiempo de análisis invertido alcanzó 1.150 horas sobre información “abierta”, visualizando 87.000 páginas de documentos, y 975 horas sobre información “cerrada”, obtenida de “fuentes, informadores y colaboradores, bases de datos, escuchas, vigilancias, analizando 19.800 escritos y soportes”.

Además de los seguimientos narrados, el informe recoge “datos puntuales conseguidos: 23 encuentros detectados de miembros del grupo hostil con medios financieros; 49 citas entre los miembros del grupo hostil y periodistas, políticos y colaboradores; 17 planes de actuaciones detectados con antelación (entorno y teléfono de FG); 19 relaciones entre [Gregorio] Marañón, Rupérez, Caínzos, J. Pérez, y otros con periodistas”. A ello se añaden varias informaciones “sobre problemas personales” de Sebastián; “intervención activa” de Société Générale y del entorno de Botín, y “sobre sumario que afecta a Abelló (y su contable), Rivero (y otras limitaciones), Loureda hijo [de José Manuel Loureda, accionista y fundador de Sacyr], Fernando Martín [entonces presidente de Martinsa] y Ampuero” (en referencia a José Domingo Ampuero, exvicepresidente del BBVA, que colaboró con el grupo hostil en la operación.

Una de las tareas más destacadas de Villarejo fue la de pinchazos de teléfonos, lo que él llama “control de comunicaciones”. En ese sentido, “analizó” 16.487 comunicaciones entre el 25 de noviembre de 2004 y 26 de febrero de 2005. Del total, 9.722 fueron realizadas “desde alguno de los móviles detectados al grupo hostil”, 6.765 desde fijos en oficinas y domicilios privados y 869 conversaciones interceptadas, de las que “solo el 5% fueron relevantes”, entre ellas aparecen Sebastián, Arenillas, José Pérez, Caínzos, Rivero, Abelló, Botín y la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

Boicot: actuaciones en los medios

Una vez relatadas todas esas actuaciones, el informe entra en un amplio apartado que denomina “Boicot”. En él presenta “87 acciones de desinformación en medios de comunicación que finalmente no fueron publicadas, aunque se transmitió su contenido a quienes estaba previsto que llegaran” y otras 68 acciones en el mismo sentido “en ámbitos económico-políticos sobre crisis de valores que se provocarían en Bolsa, pagos de sobornos y financiaciones ilegales a políticos”.

Asimismo, describe 14 intentos de interceptación del móvil de Sebastián, que “provocó la avería de dos equipos de este GIA [grupo de investigación activa], pero incrementó su miedo ya que el CNI le avisó del ataque y muy disgustado se lo comentó al presidente del Gobierno (publicándose después sus quejas de tener pinchado su teléfono al ministro del Interior en un Consejo de Ministros)”. Sebastián es objeto de innumerables episodios, convirtiéndose casi una obsesión para los espías, entre ellos 19 publicaciones “haciendo referencia a su implicación” en la trama, intercepciones de llamadas y mensajes, informaciones sobre comidas…

Parecidas presiones, en forma de publicaciones, tuvieron Arenillas, Abelló, Rivero, el abogado Matías Cortés (consejero de Sacyr y de PRISA), Ampuero, del que también se informa de dos encuentros “avisándole que no era coincidencia de su imputación por parte del magistrado BG [Baltasar Garzón] en el sumario de las cuentas secretas del BBVA”. Sobre José Pérez informan de una denuncia ante la CNMV sobre actividades para alterar el mercado.

Quitar enemigos a Botín si desistía

Destaca también un encuentro con el jefe de seguridad “de Botín, donde se le filtraba que los ataques de Pérez Escolar podrían desaparecer si definitivamente se apartaba de la operación”. Sobre este asunto detallan “la constitución la Asociación de Accionistas Minoritarios [ADIC], relacionada con Pérez Escolar y la filtración del hecho al GH” y “un control total de activista el día de la junta del 26F para evitar acciones en Bilbao”.

Por último hablan de “riesgos críticos” e incluyen 27 rastreos para localizar el origen de las intercepciones; 36 vigilancias abortadas; siete persecuciones para identificar miembros del GIA y cinco seguimiento en citas de seguridad. En total, emitieron 70 informes escritos y 95 verbales y 1.790 páginas confeccionadas y posteriormente entregadas.

Las actuaciones pendientes que reconocen son “la publicación y reactivación de la denuncia de Intermoney, la personación en el sumario de Abelló y Del Rivero, el control de las verdaderas actividades de Caínzos y conseguir una grabación de las confidencias sexuales de Iván [persona sin identificar] sobre Sebastián”. Y como “acción final” propone “eliminar rastros documentales de la firma de auditoría DEL. [Deloitte], intento de sustitución de soportes documentales originales, en su defecto eliminación física de los mismos. Si comunicar ni fecha ni procedimiento del sistema operativo para conseguir su destrucción”.

Villarejo siguió trabajando para el BBVA hasta septiembre de 2017, pese a que llevaba más de dos años salpicado por la sospecha de sus actuaciones en casos como el del Pequeño Nicolás y la doctora Elisa Pinto. Dos meses después de reunirse con Corrochano, en noviembre, fue arrestado pero siguió recibiendo fondos del BBVA hasta el 12 de enero de 2018.

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