El juzgado de vigilancia penitenciaria suspende la semilibertad de los líderes del procés

El juzgado de vigilancia penitenciaria 5 de Cataluña ha ordenado la suspensión del tercer grado de los líderes del procés. La decisión es en respuesta a la medida cautelar pedida por la Fiscalía, que ha recurrido la semilibertad concedida a Junqueras, Romeva, Forn, Sánchez y Cuixart. El juzgado da tres días a los presos para recurrir el escrito del ministerio público, que aún no se ha opuesto formalmente al tercer grado de Bassa, Rull y Turull. El Tribunal de Vigilancia Penitenciaria no se ha pronunciado aún sobre Carme Forcadell, cuyo tercer grado sí ha sido recurrido por el ministerio público. La revocación de la semilibertad de los presos es inmediata, según fuentes del TSJC, por lo que previsiblemente ya no podrán gozar mañana del tercer grado.

La Fiscalía ha recurrido ante el juez de vigilancia penitenciaria el tercer grado de seis de los nueve presos del procés, concedido el pasado 14 de julio, y ha pedido que se suspenda inmediatamente el régimen de semilibertad que les concedió la Generalitat el pasado 14 de julio, por el que solo van a dormir a prisión de lunes a jueves. El ministerio público afirma que las sucesivas medidas de flexibilización del régimen penitenciario buscan “vaciar de contenido la pena” de la sentencia del Tribunal Supremo.

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha recurrido hoy contra el tercer grado concedido al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, los exconsellers Raül Romeva y Joaquim Forn, así como al exlíder de la ANC Jordi Sànchez y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y pide al juzgado de vigilancia penitenciaria que la suspensión de su semilibertad sea inmediata. El fiscal deja fuera por ahora reclamar lo mismo para Dolors Bassa, Jordi Turull y Josep Rull.

En todos los casos, el ministerio público afirma que la concesión del tercer grado a los presos busca “no tanto la rehabilitación”, sino “única y exclusivamente alterar la decisión condenatoria de la sentencia y su efectivo cumplimiento”. Y para ello insiste en que no han recibido un tratamiento en prisión “acorde con la tipología delictiva” que les permita hacer “una verdadera asunción” de los delitos por los que han sido condenados. También discute que se haya otorgado antes incluso de que algunos de ellos hayan cumplido una cuarta parte de la misma, a pesar de la gravedad de los delitos, por lo que “no se cumplen los fines retributivos y de prevención general y especial de las penas” para otorgarles la semilibertad.

En los casos de Junqueras, Romeva, Cuixart y Sánchez, la Fiscalía menciona entrevistas en TV3, Catalunya Ràdio y El Mundo que demuestran que no ha habido “ninguna evolución” en los líderes del procés. “Mis compromisos los cumplí y estoy orgulloso de lo que hice”, destaca el ministerio público que dijo Junqueras en TV3. Y le reprocha su definición como “persona demócrata” que “actuó porque había un mandato superior del Parlamento de Cataluña y un consenso social”. “Lo democrático no es imponer la voluntad propia aprovechándose de la situación de poder que se ostenta convirtiendo su voluntad en ley, sino acatar las leyes y si no se comparten, el procurar cambiarlas por los cauces legales”, rebate. Y subraya así el “riesgo de reincidencia” de Junqueras.

En el recurso contra el tercer grado de Sánchez, argumenta que el interno “falta a la verdad” cuando dice que “a día de hoy el activismo no lo contempla como factible”. Se refiere a la presidencia de la formación Crida Nacional, del que insiste que tiene finalidades políticas. También mantiene que Sánchez debe “seguir trabajando” en la asunción del delito, algo que asegura solo se puede hacer en segundo grado, dentro de prisión. También argumenta que no hay “ninguna evolución” en Romeva, que declaró en TV3: “Estoy en prisión pero no soy un delincuente sino que defiendo valores y principios que son universales”.

“La evolución tratamental del interno ha sido nula”, aduce el ministerio público en el caso de Cuixart. Y se basa tanto en la última palabra durante el juicio en el Supremo, cuando dijo que la “ley superior es la ley de su conciencia”, como diferentes declaraciones en medios de comunicación. “El interno sigue considerando que los hechos por los que ha sido condenado no son constitutivos de delito”, subraya la Fiscalía.

En los diversos recursos, el ministerio público entiende que todos los líderes del procés son personas integradas en la sociedad, que ya lo estaban antes. Pero esgrime que la finalidad de la pena impuesta debe tener también un “carácter retributivo” que descansa, por un lado, en la culpabilidad, y por otro, en la experimentación como algo merecido por el penado y por la sociedad, así como la prevención especial y general”. Sin que se pueda transmitir a la sociedad que “puede quedar impune el haber convertido la propia voluntad en ley”.

El Supremo impuso en octubre del año pasado penas de entre 9 y 13 años de cárcel a los nueve dirigentes independentistas catalanes condenados por sedición. El alto tribunal descartó el delito de rebelión, el más grave de cuantos pedía la Fiscalía. El Supremo consideró probado que durante el otoño de 2017 se registraron en Cataluña “indiscutibles episodios de violencia” pero creyó que estos no bastaban para condenar a los líderes independentistas por rebelión.

Las juntas de tratamiento de las cárceles donde se encuentran los presos acordaron el pasado 14 de julio aplicarles la modalidad de régimen abierto. Los políticos condenados duermen cuatro días en prisión —un mínimo de ocho horas— y pasan la noche tres días por semana en casa. Según la normativa, en el tiempo fuera de la cárcel, los internos en tercer grado pueden trabajar y tener una participación plena y responsable en la vida familiar.

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