La Audiencia Nacional confirma el cese del coronel Sánchez Corbí como jefe de la UCO de la Guardia Civil

La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha avalado este martes el cese por pérdida de confianza del exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el coronel Manuel Sánchez Corbí, acordada el 1 de agosto de 2018 por la entonces secretaria de Estadio de Seguridad, Ana Botella. En la sentencia, los magistrados rechazan el recurso de apelación presentado por el alto mando de la Guardia Civil contra la sentencia que en el mismo sentido había dictado el Juzgado Central de lo Contencioso 3, que había confirmado el cese al considerarlo ajustado a derecho y rechazando la existencia de una motivación personal. La decisión, que aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, se conoce dos meses después de que otro alto mando del instituto armado, el coronel Diego Pérez de los Cobos, fuera destituido como jefe de la Guardia Civil en Madrid también por pérdida de confianza. Pérez de los Cobos también ha recurrido la decisión.

El cese de Sánchez Corbí se produjo al poco de asumir Fernando Grande-Marlaska la cartera de Interior fruto de un correo electrónico que envió a sus subordinados en la UCO ―la principal unidad de investigación de la Guardia Civil en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado—, el 25 de julio de aquel año. En ese mensaje informaba de que se había agotado la caja de fondos reservados de la unidad. “Se suspende cualquier actividad que requiera el uso de fondos de esa partida”, explicaba. Sánchez Corbí comunicaba así “la imposibilidad de hacer frente a necesidades económicas derivadas de los gastos propios de funcionamiento de los distintos departamentos de investigación y apoyo”. Y anunciaba que por ese motivo, y “hasta nueva orden”, quedaba suspendida temporalmente “cualquier actividad de la UCO y sus unidades subordinadas que requieran obligatoriamente el uso de la partida de esos fondos reservados, así como los apoyos solicitados a las mismas por otras unidades”.

El Ministerio del Interior, donde en aquel momento se estaba produciendo una batalla soterrada entre la Guardia Civil y la Policía Nacional por las cuotas de poder con la reestructuración que está llevando a cabo nuevo equipo de Grande-Marlaska, interpretó el comunicado de Sánchez Corbí, que se filtró a la prensa, como un órdago. Además, consideró que aquella orden puso en riesgo el éxito de operaciones policiales y judiciales, criterio que ahora comparte la Audiencia Nacional. En su resolución, los magistrados concluyen que el cese estuvo justificado y el coronel conoció en todo momento las razones del mismo, tanto las señaladas en la propuesta del director general de la Guardia Civil, como en la resolución del recurso de alzada impugnado en la instancia.

La sentencia recuerda el régimen específico del personal de la Guardia Civil que se rige por su propia ley y que en materia de nombramientos discrecionales no es comparable al de altos cargos judiciales, como también ha establecido el Tribunal Constitucional. La asignación de destinos y el cese por necesidades del servicio de un miembro de la Guardia Civil, incluidos los destinos de mando, es una manifestación del principio de disciplina y operatividad que rige tal Instituto Armado, explica la sentencia.

Los magistrados indican que en apelación, como segunda instancia, se examina la cuestión litigiosa sin repetir los argumentos expuestos en la primera instancia y considera que la sentencia del Juzgado Central da cumplida respuesta, razonada y razonable, a las cuestiones planteadas “sin que la reiteración de la tesis del demandante en apelación, pueda llevar a revocar” la resolución recurrida. El tribunal descarta también la vulneración del derecho constitucional del acceso igualitario a las funciones y cargos públicos del artículo 23 de la Constitución esgrimido por el coronel al considerar que “cabe decir que, configurado legalmente el sistema de provisión de destinos del personal de la Guardia Civil, la asignación y el cese de destinos, en la medida en que no hay ningún derecho al mantenimiento en el cargo asignado por libre designación, debe rechazar la infracción por la sentencia de este derecho fundamental”.

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