Sánchez convocará la Conferencia de presidentes autonómicos una vez al mes

Montero informó este martes de esa novedad institucional que será la convocatoria mensual de la Conferencia de Presidentes tras el Consejo de Ministros, junto a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Este mismo viernes, en San Millán de la Cogolla (La Rioja), los presidentes autonómicos se verán las caras con Sánchez para hablar precisamente de sanidad y economía: de los rebrotes del coronavirus y de sus consecuencias económicas, paliadas solo en parte por las futuras ayudas europeas (140.000 millones) y el fondo autonómico (16.000 millones) que ha puesto en marcha La Moncloa.

Los tiempos actuales y los que están por venir no van a ser nada fáciles por lo que el Gobierno central y los Ejecutivos autónomos se necesitan mutuamente, según la interpretación de La Moncloa, para dar una respuesta coordinada a los desafíos sanitarios y socioeconómicos. Ante los rebrotes, el Ejecutivo quiere implicar a todos los responsables públicos de las distintas administraciones, una vez se ha constatado la necesidad de una mayor coordinación y cierta uniformidad en las medidas a adoptar en cada comunidad ante situaciones similares. Las discrepancias con el Gobierno se ven más en las filas del PP, y en alguna medida en Ciudadanos, que en los propios presidentes, sean del color político que sean. Estos aún no han exigido —aunque hay que ver qué sucede el viernes— la restauración de un mando único como el de la etapa del estado de alarma.

No hace tanto, apenas unas semanas, distintos mandatarios autonómicos exigían libertad de acción y de movimientos. La recuperación de competencias era un regalo envenenado ante una segunda oleada de contagios que no se esperaba tan pronto, en especial en Cataluña y Aragón. El Ejecutivo no tiene previsto recuperar el estado de alarma, según señaló la ministra portavoz, por lo que de nuevo se abrirá el debate sobre qué medidas restrictivas pueden adoptarse sin la puesta en marcha de esa figura constitucional.

A pesar de las presiones del PP y Cs, si hay coordinación entre las administraciones no hay necesidad de tomar esa medida excepcional, sostiene La Moncloa, y para ello el Gobierno central confía en la cooperación con las comunidades. Los problemas empezaban a acumularse y por eso el Gobierno convocó la Conferencia de Presidentes, la primera reunión presencial después de 14 telemáticas durante todo el estado de alarma. Antes de esa reunión, el titular de Sanidad, Salvador Illa, comparecerá mañana jueves en el Congreso para explicar la situación en las zonas más afectadas por los positivos, aunque este martes reforzó la idea de que España “no está en una segunda ola” de contagios.

Quejas y ausencias

Varias autonomías se han quejado en las últimas semanas por los criterios de reparto del fondo autonómico, y presionan para obtener la máxima tajada de los fondos europeos. Eso empezará a debatirse el viernes, pero a pesar de la relevancia de la cita en principio faltarán algunos nombres propios. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no asistirá al entender que debía celebrarse telemáticamente para evitar desplazamientos en aras de la seguridad sanitaria de todos. El lehendakari Íñigo Urkullu mantiene desde hace semanas una actitud crítica con el Gobierno, al que exige que convoque la comisión mixta acordar los objetivos fiscales; Urkullu, salvo sorpresa de última hora, tampoco asistirá. Asimismo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, recela también de un encuentro con más de un centenar de personas y defiende que la convocatoria podría ser perfectamente telemática. Montero negó de forma tajante esa posibilidad: la portavoz dijo que la asistencia es “obligatoria, exigible y necesaria”, y añadió que La Moncloa vería como una “falta de respeto” que algunos mandatarios no acudan a La Rioja. El Ejecutivo remarca que está en juego el reparto de los 140.000 millones del fondo europeo pactado hace unos días en Bruselas. Y confía en manejar ese reparto de manera que allane el camino para aprobar los presupuestos del Estado.

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