La crisis del coronavirus reactiva los engranajes del Estado autonómico

Foto de familia de la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en San Millán de la Cogolla (La Rioja).
Foto de familia de la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en San Millán de la Cogolla (La Rioja). / Europa Press

La crisis del coronavirus ha servido para engrasar los engranajes territoriales y ha propiciado una relación sin precedentes —al menos en la cantidad— entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Desde el inicio de la pandemia se han celebrado 15 conferencias de presidentes, la última el viernes en La Rioja para tratar el reparto del fondo europeo de reconstrucción, la primera cita presencial tras 14 telemáticas. También ha habido 103 reuniones sectoriales. A final de mes los presidentes se verán para abordar la vuelta a las aulas. El Gobierno pretende dar periodicidad mensual a estos encuentros.

El 27 de febrero, un día después de la reunión de la llamada mesa de diálogo con la Generalitat y de que se diagnosticara en Sevilla el primer caso de transmisión local de la covid-19 en España, el Gobierno añadía a su larga lista de objetivos retomar la conferencia de presidentes antes de final de año y sin ninguna ausencia. Palabras mayores cuando no se reunía desde 2017 y entonces faltaron el president catalán, Carles Puigdemont, y el lehendakari Iñigo Urkullu, que sí acudió al cónclave del viernes pasado en San Millán de la Cogolla. Como si no fuera bastante, la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, se impuso como misión convertirla en la “piedra angular del sistema territorial”.

Dieciséis días después el Gobierno aprobaba el estado de alarma. Y nada volvió a ser como antes. Si en 2019 se habían celebrado 49 reuniones sectoriales, por debajo de las 60 de promedio de años anteriores, la respuesta al coronavirus las catapultó hasta 103 en el periodo excepcional. Por no hablar de las incontables reuniones bilaterales de cada ministerio con los Ejecutivos autonómicos. El récord lo marcó el Consejo Interterritorial de Salud, con 34 encuentros. La conferencia sectorial de Agricultura y de Pesca había sido la más activa en 2019 con nueve reuniones. De salud hubo cuatro. “Las conferencias sectoriales tendrían que tener una periodicidad, no que dependan del ministro de turno. Dicho esto, los mecanismos de colaboración que apenas estaban funcionando se han disparado de repente y además de forma telemática. El Estado autonómico puede tardar en funcionar, pero funciona. Y ha salido fortalecido”, observa Javier García Roca, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense.

El volumen de las quejas de los presidentes autonómicos —muy atenuado en cuanto estos asumieron toda la responsabilidad de la gestión sanitaria al final de la desescalada— muestra que el margen de mejora es amplio. “El plan de transición a la normalidad tuvo un 80% de contribuciones de las comunidades”, destaca Darias. Por ejemplo, los presidentes de Galicia, Alberto Núñez Feijóo (PP), y de Extremadura, Guillermo Fernández Vara (PSOE), propusieron en las cumbres de líderes territoriales que se ampliase de los 12 a los 14 años la edad para salir a la calle al inicio del desconfinamiento. El Gobierno así lo hizo. Levantar las restricciones al deporte al aire libre, a la caza y pesca o al desplazamiento a los huertos para el autoconsumo fueron otras propuestas autonómicas que se adoptaron.

El 7 de junio, Pedro Sánchez anunció que las comunidades volverían a tener la capacidad de decidir “con plenas facultades” sobre la gestión de la emergencia sanitaria de la covid-19, aunque siempre tuvieron las competencias en Sanidad o sobre las residencias. La “autoridad delegada competente” serían los presidentes autonómicos. Fueron quienes terminaron decidiendo la velocidad a la que salían del estado de alarma, que concluyó el 21 de junio tras seis prórrogas. El origen de esa decisión, clave para comprender el reparto de responsabilidades, se encuentra en la comisión general de las comunidades autónomas que se celebró en el Senado el 30 de abril. En ella, el consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno del País Vasco, Josu Erkoreka, del PNV, acusó al Gobierno de “no haber querido dar ninguna oportunidad al Estado autonómico” y de haber optado por la fórmula “más centralizada” para combatir la covid-19. Erkoreka planteó que los presidentes de cada territorio fuesen la autoridad competente delegada. “Esta opción era legal […]. Además, hubiera sido mucho más respetuosa respecto al Estado autonómico. Pero se ignoró y se optó por el mando único”, expuso.

Darias tomó nota. “Entramos juntos y salimos juntos de la crisis con unas reglas comunes. Somos un Estado descentralizado, pero había que afianzar los lazos institucionales. Y comunicarnos más. Ha sido un test de fuerza espectacular”, observa la ministra.

Aclarar competencias

Aun así, las acusaciones de acaparación de competencias han sido una constante durante la crisis. El presidente de la Generalitat mantiene el discurso más duro. Quim Torra llegó a achacar a la “recentralización” del Gobierno la falta de material sanitario en las residencias geriátricas en un pleno monográfico en el Parlament a principios de julio. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, rebaja al máximo la confrontación con el Govern: tras el Consejo de Ministros del 14 de julio aseguró que no creía que hubiera invadido competencias del Ejecutivo central en su respuesta a los rebrotes. “En esta fase de control corresponde actuar a las comunidades autónomas. El Gobierno está para echar una mano en todo lo que se nos pida. Trabajamos de forma muy fluida”, zanjó. Francisco Javier Donaire, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III, lamenta que la crisis del coronavirus no sirva para llevar a cabo una “clarificación” de las competencias de las diferentes administraciones.

Mientras España aprende a convivir con el coronavirus, lo que sigue sin engrasarse es el sistema de financiación. Su actualización urge: los presupuestos de las autonomías dependen de un modelo obsoleto desde 2014. Dar una regularidad al Consejo de Política Fiscal y Financiera es otra demanda de los nacionalistas y barones del PSOE y del PP. El último fue en febrero.

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