El concierto, cuestión de responsabilidad

Nuestra arquitectura institucional, la de Euskadi, obedece a una singularidad histórica que nos otorga un sistema diferenciado de financiación, único en el mundo: el Concierto Económico Vasco, así como en otro caso el Convenio Económico en Navarra. Un sistema con más de 140 años de historia, basado en cuatro cuestiones clave: bilateralidad con el Estado, responsabilidad, riesgo unilateral y solidaridad.

Un sistema recogido como consecuencia de los Derechos Históricos de los Territorios Históricos del Pueblo Vasco en la Constitución Española, en el Estatuto de Autonomía de Gernika y reconocido por Europa. Un régimen propio que implica que con los impuestos que nuestras Diputaciones Forales recaudan, debemos dar cobertura a todas nuestras políticas públicas, tras abonar el cupo correspondiente al Estado, siendo que Euskadi no se financia por vía del Gobierno español. Es decir, si dejamos de recaudar no contaremos con los suficientes recursos para desarrollar las competencias que las instituciones vascas nos hemos comprometido a llevar a cabo, estando todavía pendientes de transferencias que cumplimenten el Estatuto de Autonomía refrendado en 1979. Y nuestros compromisos con la ciudadanía vasca son cuestión de responsabilidad. En Euskadi, nadie se queda atrás.

El pasado 11 de marzo, el mismo día en que la OMS declaraba la pandemia por la covid-19, se celebró la Comisión Mixta del Concierto Económico en la que se acordó la senda de estabilidad presupuestaria para Euskadi y, por petición propia, se estableció un límite de déficit del 0%. El Gobierno Vasco llevaba desde 2017 con superávit en sus cuentas y a lo largo de toda la legislatura anterior hemos desarrollado una política económica firme de reducción del endeudamiento y alcanzado el equilibrio presupuestario. Somos la comunidad autónoma menos endeudada de todo el Estado. Hubo una salvaguarda a esta cuestión: que alguna causa ajena a nosotros alterara de forma sustancial las previsiones macroeconómicas, lo cual llevaría a la necesaria reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico en el primer semestre del presente año. Desgraciadamente, ha sucedido lo imprevisible: la covid-19 está siendo el peor golpe a la economía vasca conocido hasta ahora. Una pandemia que afecta a todo el mundo, cuya repercusión ha de ser enfrentada con respuestas excepcionales.

El día 2 de mayo, el Gobierno de España anunció el Fondo Extraordinario de 16.000 millones de euros para apoyar a las Comunidades Autónomas en distintos ámbitos, que serían repartidos con unos criterios definidos de forma unilateral por parte del Ministerio de Hacienda. Unilateralmente se nos excluyó del tramo cuarto —5.000 millones de euros— alegando nuestro singular sistema de financiación. Esta forma de actuar es contraria a la Ley de Cupo, que establece en su artículo 11.4 que los criterios de reparto deben ser negociados y acordados en Comisión Mixta del Concierto Económico en la que las decisiones se adoptan por unanimidad de las partes que representan a la Administración General del Estado y a las Instituciones Vascas, y supone un ataque al principio de bilateralidad que rige las relaciones tributarias y financieras entre Euskadi y el Estado. En base a lo dispuesto en el propio Concierto Económico, únicamente, y de manera bilateral, en Comisión Mixta del Concierto Económico, la CAPV y el Estado pueden alcanzar acuerdos en materia tributaria y financiera. Aun así, decidimos renunciar a la distribución de las cuantías del tramo cuarto a cambio de fijar definitivamente un objetivo de déficit que permitiera cubrir nuestra caída de recaudación.

El 20 de mayo el presidente de EAJ-PNV, Andoni Ortuzar, firmó un acuerdo con la Vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en el que se establecía que el Presidente del Gobierno de España se comprometía a garantizar que el País Vasco “tendrá en el ejercicio 2020 un porcentaje de déficit sobre PIB equivalente al descenso de recaudación previsto por las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos, así como a permitir la utilización del superávit presupuestario de 2019”, y a que estos términos se acordarían en la Comisión Mixta del Concierto Económico a celebrar la primera semana de julio.

Durante cerca de tres meses, las conversaciones, intercambio de llamadas y misivas entre el Ministerio de Hacienda y el Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, así como las mías propias y las del presidente de EAJ-PNV con el presidente del Gobierno de España, han sido intensas, constantes y, hasta el 31 de julio, infructuosas.

Mi presencia en la Conferencia de Presidentes de San Millán de la Cogolla el pasado 31 de julio no se ha tratado de un pulso político ni de una escenificación, sino de hacer cumplir la palabra dada. Mi responsabilidad como lehendakari me obliga a ser el garante de que nuestras instituciones cuenten con la suficiencia financiera que permita hacer frente a una pandemia que está teniendo consecuencias demoledoras en nuestra economía y en el empleo. En Euskadi, al igual que el Estado y a diferencia de las comunidades de régimen común, la bajada de recaudación únicamente se puede cubrir con endeudamiento público.

Es importante dejar meridianamente claro que con el acuerdo alcanzado los responsables de financiar ese déficit seremos las instituciones vascas, la sociedad vasca. Nuestro sistema, como decía, implica un alto nivel de gestión y de riesgo unilateral. Sin ese acuerdo, habríamos estado en una complejísima situación económica este año y como lehendakari debo velar por los intereses de Euskadi, de su ciudadanía y de sus empresas.

La covid-19 es una lección de humildad para todos nosotros y nosotras, una evidencia enorme del valor de lo público. A lo largo de mi trayectoria política, tanto en cargos internos de mi partido como en mi función de lehendakari, he entendido lo público desde el rigor, desde la honestidad, desde el trabajo y el esfuerzo. Cuando la ciudadanía deposita su confianza en nosotros, nuestro deber es cumplir la palabra dada. Es cuestión de responsabilidad.

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