Juan Carlos I comunica a su hijo su decisión de trasladarse fuera de España

El rey emérito, Juan Carlos I, ha comunicado a su hijo, Felipe VI, su “meditada decisión de trasladarse fuera de España” ante la “repercusión pública” de las noticias sobre sus cuentas en el extranjero y “para contribuir“ a que el jefe del Estado pueda desarrollar su función “desde la tranquilidad y el sosiego” que el cargo requiere, según la carta difundida por la Casa del Rey.

El comunicado se ha hecho público unas horas después de que don Juan Carlos abandonara el Palacio de La Zarzuela, donde ha residido en los últimos 58 años, con rumbo desconocido. La Casa del Rey no especifica en qué país residirá a partir de ahora y presenta su salida de España como una decisión voluntaria, aunque consensuada con su hijo, que ha expresado su “sentido respeto y agradecimiento” por el paso que ha dado su padre.

Para dejar claro que su marcha al extranjero no supone un intento de eludir la acción de la Justicia (la fiscalía del Tribunal Supremo y la fiscalía suiza están investigado sus cuentas en el extranjero), el abogado de don Juan Carlos, Javier Sánchez-Junco, ha hecho público un comunicado en el que asegura que su cliente “permanece a disposición en todo momento del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que se considere oportuna”.

Finalmente, Juan Carlos I no perderá el título honorífico de Rey, que le fue concedido por un real decreto de junio de 2014, pocos días antes de su abdicación. El padre del Rey se había mostrado contrario a renunciar voluntariamente a este título, que no conlleva ningún privilegio asociado, y su hijo no ha querido privarlo de él contra su voluntad como hizo con su hermana Cristina, a raíz del caso Urdangarin.

Este es el texto íntegro de la misiva remitida por Juan Carlos I a su hijo:

“Majestad, querido Felipe, con el mismo afán de servicio a España que inspiró mi reinado y ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada, deseo manifestarte mi más absoluta disponibilidad para contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad. Mi legado, y mi propia dignidad como persona, así me lo exigen.

Hace un año te expresé mi voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales. Ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme en estos momentos fuera de España.

Una decisión que tomo, con profundo sentimiento pero con gran serenidad. He sido Rey de España durante 40 años y durante todos ellos siempre he querido lo mejor para España y para la Corona.

Con mi lealtad de siempre.

Con el cariño y afecto de siempre, tu padre”.

Según el comunicado de la Casa del Rey, Felipe VI ha transmitido a su padre su “sentido respeto y agradecimiento ante su decisión”. “El Rey desea remarcar la importancia histórica que representa el reinado de su padre, como legado y obra política e institucional de servicio a España y a la democracia; y al mismo tiempo quiere reafirmar los principios y valores sobre los que esta se asienta, en el marco de nuestra Constitución y del resto del ordenamiento jurídico”, concluye la nota.

La decisión del rey emérito se produce tras las investigaciones abiertas por fiscales suizos y españoles sobre los supuestos fondos en paraísos fiscales de Juan Carlos I. El abogado del rey emérito ha hecho público también un comunicado en el que asegura que a pesar de la salida de Juan Carlos I de España, su cliente está a disposición del ministerio fiscal para cualquier trámite o actuación que se considere oportuna.

Esta medida anunciada ahora se hace pública casi cinco meses después de que Felipe VI tomara, el pasado 15 de marzo, su decisión más dolorosa: privar a su padre de la asignación de casi 200.000 euros anuales que percibía de los fondos públicos, mientras renunciaba a cualquier herencia que pudiera corresponderle de sus cuentas en el extranjero. Más allá de las dudas que suscitaba la decisión —no puede renunciarse a una herencia hasta que fallece quien hace el legado—, su significado estaba claro: el Rey rompía amarras con su padre, que ha encarnado la instauración de la Monarquía constitucional en España.

Los problemas para Juan Carlos I comenzaron en verano de 2018 cuando agentes de la Policía Judicial suiza enviados por el fiscal Yves Bertossa entraron a registrar la gestora de fondos de Arturo Fasana. En aquel registro, Bertossa halló dos fundaciones con cuentas en bancos suizos. La fundación de Liechtenstein Zagatka, de Álvaro de Orleans, primo lejano del rey emérito, que pagó vuelos privados de Juan Carlos I y de Corinna Larsen; y la fundación panameña Lucum, cuyo primer beneficiario era Juan Carlos I y el segundo Felipe VI.

Cuando se hizo pública esta noticia en marzo de 2020, el actual jefe de Estado anunció que renunciaba a la herencia de su padre y comunicó que un año antes Corinna Larsen había enviado una carta a la Zarzuela informándole de que el nombre del actual Rey aparecía, junto a los de sus hermanas, como beneficiarios de esa fundación. Desde Casa Real se tomó la decisión de informar al Gobierno y acudir a un notario para rechazar cualquier dinero de estas cuentas.

La investigación suiza reveló que Arturo Fasana ingresó el 8 de agosto de 2008 en la cuenta de Lucum en la banca privada Mirabaud 100 millones de dólares (64,8 millones de euros al cambio de entonces) procedentes del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí. Cuatro años después, el dinero fue transferido por orden del entonces jefe del Estado a una cuenta en Nassau (Bahamas) del banco Gonet & Cie a nombre de la sociedad instrumental Solare, propiedad de Corinna Larsen. Bertossa embargó las cuentas de los sospechosos y abrió una causa secreta por blanqueo de capitales contra los implicados en la creación de la estructura y en la recepción del dinero.

El rey emérito no está siendo investigado en este momento, aunque fuentes judiciales suizas no descartan que lo sea en el futuro. La información enviada por Suiza a las autoridades judiciales españolas ha arrojado dudas sobre conductas del rey emérito posteriores a junio de 2014, cuando perdió el blindaje constitucional de la inviolabilidad. Aunque ya sea imputable, el rey emérito está aforado en el Supremo, por lo que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, decidió a principios de junio que la Fiscalía del alto tribunal asumiera el caso. Esta fase de la investigación debe determinar si hay indicios suficientes de que el anterior jefe del Estado pudo cometer algún delito desde que dejó el trono. Los investigadores trabajan fundamentalmente con dos: blanqueo de capitales (intentar ocultar el origen ilícito del dinero) y delito fiscal (un fraude a la Hacienda pública superior a 120.000 euros).

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