Artur Mas esquiva (otra vez) el 3%

Jordi Pujol y Artur Mas en una reunión de la ejecutiva de CDC, en 2008.
Jordi Pujol y Artur Mas en una reunión de la ejecutiva de CDC, en 2008.EFE

Más que la segunda parte de una película, el caso 3% es la segunda temporada de la misma serie. La trama evoluciona (las donaciones sustituyen al dinero en sobres), pero el argumento es idéntico: la presunta financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Hay personajes que repiten, como el extesorero Daniel Osàcar, condenado por el caso Palau (la primera temporada) y procesado ahora otra vez. Y hay otros que son la música de fondo de la historia pero no aparecen en pantalla. Ninguno tan destacado como el expresident Artur Mas.

En el otoño de 2015, la justicia culminó la investigación sobre el escándalo del Palau de la Música. El partido usó el templo modernista como tapadera para lucrarse. Ha quedado probado (en sentencia firme, primero de la Audiencia Provincial de Barcelona en 2017 y después del Tribunal Supremo este año) que Ferrovial pagó 6,6 millones a CDC a cambio de obra pública. Como tesorero, Osàcar hacía de enlace, mantenía reuniones, movía el dinero. La Fiscalía intuyó entonces que no pudo hacerlo solo, sino que debió contar con la bendición de “altos responsables del partido” nunca identificados.

Para entonces, 2015, Artur Mas se encaminaba al banquillo. Pero no por conocer o tolerar la corrupción de su partido, sino por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar la consulta independentista ilegal del 9-N de 2014. En una entrevista en La Sexta, defendió la consulta… y a Osàcar: “Pongo la mano en el fuego por él”, dijo. Empezó a quemársela un mes después, cuando Osàcar fue detenido en el caso 3%, con el que la Audiencia Nacional ha llevado las sospechas sobre el dopaje financiero de CDC a otro nivel.

El juez José de la Mata acaba de procesar a 32 personas por el pago de mordidas. Si el caso Palau solo pudo llegar a un tesorero (el otro había muerto), esta vez los indicios señalan a cuatro responsables del partido que, hasta hace no tanto, fue hegemónico en la política catalana: Osàcar; su sucesor Daniel Viloca; el exjefe jurídico Francesc Sánchez; y el exgerente Germà Gordó, mucho más que un gerente. Hombre de la máxima confianza de Mas, fue secretario de su primer Gobierno (2010). Mas amplió las atribuciones de ese cargo al encomendarle la “supervisión y coordinación” de la obra pública en Cataluña.

Los indicios contra Gordó, que fue consejero de Justicia con Mas, son demoledores. Uno de los empresarios implicados, Juan Manuel Parra, grabó a escondidas una conversación con él. “Cada vez que te presentes a una cosa, me vienes a ver y hablaré con el secretario general correspondiente, con el departamento correspondiente”, se oye decir a Gordó. Un testigo protegido mencionó una reunión en 2006 con Mas y Gordó, en la que el entonces jefe de la oposición supuestamente le dijo: “A partir de ahora, las adjudicaciones han de ser a través de Gordó”.

La conexión con el exgerente de CDC motiva una de las cuatro alusiones directas del juez a Artur Mas en el auto de procesamiento: recuerda que, como secretario general del partido, fue él quien nombró a Gordó. Mas fue objetivo prioritario de los investigadores de la Guardia Civil, convencidos de que la trama alcanza a la cúspide y no solo a cargos intermedios. El sumario contiene alusiones a citas, reuniones y charlas que arrojan la duda y la sospecha, pero que sin embargo han sido insuficientes por ahora para atribuirle delitos o llamarle a declarar.

Pese a quedar fuera de la causa, fuentes judiciales señalan que Mas sigue “expuesto” y “en situación de máximo riesgo”. Primero, porque la Fiscalía puede pedir nuevas diligencias. Segundo, porque hay una pieza separada abierta que afecta a altos cargos convergentes. Y tercero, porque en una causa con tantos implicados de la propia CDC no se puede descartar que alguno decida apuntar hacia arriba para lograr una rebaja de la pena. Algunos empresarios ya han confesado el pago de comisiones.

Reuniones

El escrito del juez, en cualquier caso, añade que en la agenda de otro empresario (Jordi Soler) hay anotadas tres reuniones sobre una de las 31 adjudicaciones bajo sospecha: un centro cívico en Sant Fruitós de Bages (Barcelona). Una de ellas fue con Mas en junio de 2009, un mes antes de que los Mossos registraran el Palau de la Música en busca de pruebas del expolio cometido por su presidente, Fèlix Millet.

Durante el registro, Millet, nervioso, no dejó de recibir llamadas a su teléfono móvil. La primera fue de Artur Mas. Intentó atenderla y, cuando el fiscal le recordó que no podía hacerlo, Millet respondió: “Es que es Mas, es que es Mas”. Años después, en el juicio y tras una tortuosa investigación, acabaría confesando los pagos a CDC. Osàcar, en cambio, mantuvo el silencio y siguió siendo defendido públicamente por Mas como una “persona intachable”.

Pese a la confesión, ya era tarde para apuntar nombres que de todos modos no habían sido llamados a declarar, y la sentencia se quedó en los “altos responsables” del partido. En su auto sobre el caso 3%, y de un modo similar, De la Mata habla también de los “jerarcas” de Convergència.

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