Nissan y los sindicatos pactan aplazar al final de 2021 el cierre de las fábricas de Barcelona

Nacho Gallello

Una reunión maratoniana de más de 25 horas in extremis entre la multinacional japonesa Nissan y los sindicatos ha terminado este miércoles con un acuerdo para las fábricas de Barcelona, cuyo cierre, anunciado en mayo, afecta a 2.525 trabajadores. La dirección de Nissan ha aceptado revisar su propuesta después de presentarla como un ultimátum y de que los trabajadores la rechazaran. Con el acuerdo, Nissan se compromete a aplazar el cierre hasta finales de 2021, y a no despedir forzosamente a nadie hasta entonces, aunque sí podrá haber bajas voluntarias.

El acuerdo mejora también las condiciones de las indemnizaciones aunque no hasta el punto que reclamaban los sindicatos, que también se han comprometido a abandonar la huelga que lleva ya 90 días. Los trabajadores retomarán la actividad para hacer frente a los pedidos que estaban pendientes desde mayo.

Después de más de dos meses enconados en posturas casi irreconciliables, la dirección de Nissan Motor Ibérica y los representantes de los trabajadores han conseguido llegar a un punto de encuentro, aunque a última hora y con el riesgo de romperse en cada fleco. El acuerdo tiene que ser ahora ratificado en una asamblea que se celebrará mañana jueves. El objetivo de los trabajadores era aplazar el cierre de las fábricas, anunciado en principio para finales de este año, con el fin de buscar una alternativa industrial a estas plantas y de mantener los puestos de trabajo hasta que pudiesen recolocarse en una nueva actividad. Además, los sindicatos reclamaban mejores condiciones para los despidos. Nissan, por su parte, ha intentado forzar la aceptación de una propuesta que finalmente ha tenido que revisar.

Las negociaciones que empezaron en junio tras el anuncio del cierre de las plantas de Nissan en Zona Franca, Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca —el centro en El Prat de Llobregat queda finalmente fuera de los cierres— han estado marcadas por posturas muy enfrentadas hasta la última hora. Nissan presentó una propuesta el viernes, dio como plazo máximo hasta el martes para que los trabajadores la aceptasen, y amenazó con tirar adelante el expediente de regulación de empleo (ERE) sin acuerdo si no se aceptaba, contemplando la posibilidad de despedir a los más de 2.500 trabajadores con el mínimo que marca la ley. Ante el rechazo de la plantilla, la empresa se ha visto obligada a reconsiderar su posición.

El martes, la mediación del departamento de Trabajo de la Generalitat citó a los sindicatos para sondear si estarían dispuestos a aceptar un nuevo diálogo pese al ultimátum de la empresa y pese a que el plazo de consultas para el ERE ya había finalizado. A las 18.30 de la tarde de ese día empezó una reunión telemática entre sindicatos y empresa que ha durado 25 horas y ha terminado con un acuerdo que pone fin al conflicto por ahora.

El pacto prevé que el cierre de las plantas se aplace un año, hasta finales de 2021. Este es el tiempo que tanto el Gobierno como la Generalitat pedían para plantear una alternativa industrial a las fábricas que abandonará la firma automovilística. Este punto era una línea roja para los sindicatos, pero también lo era que mientras continuase la actividad industrial no hubiese despidos forzosos.

La dirección de la empresa, representada por Frank Torres —designado por Nissan para pilotar el cierre de las fábricas— ha intentado hasta el final no aceptar esta condición, porque no veía viable mantener una actividad industrial que ya está al 20% de su capacidad de producción con toda la plantilla trabajando. Finalmente, la empresa ha aceptado comprometerse a no despedir de forma forzosa a los trabajadores mientras continúe la actividad, que será hasta diciembre de 2021, y a establecer medidas alternativas de carácter industrial y de flexibilidad interna para evitar despidos. En este tiempo sí podrá haber bajas voluntarias.

Las indemnizaciones previstas para los trabajadores fue también un escollo para la negociación. La primera propuesta de la empresa era de 60 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades para los empleados menores de 50 años, y no preveía convenio especial para el colectivo de entre 50 y 54 años. Los sindicatos reclamaban indemnizaciones de 70 días por año trabajado con carácter general y una paga lineal de 30.000 euros. Al final una parte y la otra han tenido que ceder en este punto. El acuerdo final prevé para los menores de 50 años una indemnización de 60 días por año trabajado pero sin tope de mensualidades. La empresa también ha creado un convenio especial para el grupo de trabajadores que tienen entre 50 y 54 años (los nacidos en 1967 recibirán el 85% del salario neto hasta los 61 años; los de 1968, el 80%, y los de 1969, el 75%). Este colectivo es el más vulnerable a la hora de buscar trabajo si finalmente son despedidos y no se pueden reintegrar en una alternativa industrial a las fábricas. Para los mayores de 54 años, la empresa también ha aceptado mejorar los planes de prejubilaciones que incluyen un complemento de hasta el 90% del salario neto hasta los 62 años, con la retribución del convenio especial hasta los 63 años.

Sobre el futuro de las fábricas, las dos partes se comprometen, conjuntamente con las administraciones central y autonómica, a buscar alternativas industriales que garanticen durante tres años la ocupación de los trabajadores que opten por recolocarse en las fábricas reindustrializadas. El acuerdo prevé que si no se cumple esta garantía, los trabajadores recibirán al menos un pago de 25.000 euros. Los trabajadores que opten por la reindustrialización tendrán una indemnización de 50 días por año trabajado sin límite, y una percepción lineal de 750 euros por cada año de antigüedad.

Un icono de la crisis industrial

El cierre de las fábricas barcelonesas de Nissan fue un duro golpe acompañado por una larga huelga y una intensa negociación. Pero nadie puede decir que no se lo esperaba. La paulatina caída de la productividad y los equilibrios en la alianza entre Renault y Nissan terminaron por condenar las plantas barcelonesas en plena pandemia. Este miércoles, los sindicatos valoraron positivamente el acuerdo, pero pidieron a las administraciones compromisos para buscar alternativas industriales a las fábricas.

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