Solo el 5% de los afectados por ERTE perdió el trabajo, según la Seguridad Social

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmando el acuerdo de renovación de los ERTE hasta el 30 de junio en presencia de los líderes patronales y sindicales.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmando el acuerdo de renovación de los ERTE hasta el 30 de junio en presencia de los líderes patronales y sindicales. EFE

Una de las incógnitas que queda por despejar del impacto del coronavirus es el número de afectados por ERTE que mantendrá su empleo cuando la medida extraordinaria decaiga. Por ahora algo más del 5% de los afectados por los expedientes de fuerza mayor —la mayoría de los que se aplicaron durante el estado de alarma— ya habría perdido el trabajo, según ha cifrado este martes ayer el número dos de la Seguridad Social, Israel Arroyo. Este es un dato provisional, todavía hay cerca de 1,2 millones de trabajadores con el contrato suspendido o la jornada reducida.

Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) han sido la medida estrella del Ejecutivo para proteger el empleo durante la pandemia. Llegaron a afectar a más de 3,4 millones de trabajadores que vieron su empleo suspendido o con la jornada reducida a finales de abril y comienzos de mayo. De ellos, la inmensa mayoría —en torno al 90%— estaban en la modalidad provocada por una fuerza mayor, causada directamente por las restricciones del estado de alarma.

Saber cuántos de los afectados van reincorporándose al puesto de trabajo es clave para valorar tanto el calado de la recuperación como el éxito de la medida. Según los datos que ha dado la Seguridad Social, ya habrían salido de los ERTE por fuerza mayor algo más del 70% de trabajadores afectados el 5 de mayo. Y, de esos 70 puntos porcentuales, unos 60 habrían vuelto a su empleo.

Los 10 puntos restantes se dividen entre los que han vuelto a trabajar pero a un puesto en otro centro de trabajo de la misma empresa (por ejemplo, en una cadena hotelera un establecimiento distinto del habitual); los que se han jubilado; los despedidos que han vuelto a trabajar; y, por supuesto, los despedidos que siguen en paro. Este último grupo supondría unos cinco puntos o algo más, según ha aproximado el secretario de Estado, Israel Arroyo.

Esta cifra es muy próxima a la que dio el máximo responsable del departamento, el ministro José Luis Escrivá, el pasado 15 de julio, que precisó en Twitter que alcanzaban el 6,1%, es decir, unas 180.000 personas.

La clave, a partir de ahora, estará en ver cuántos de los casi 1,2 millones de trabajadores que todavía están afectados regresan a sus puestos de trabajo o, al menos, mantienen el empleo. También servirá para conocer la magnitud final del golpe en el turismo, el comercio o el transporte, sectores que aún tienen a centenares de miles de trabajadores afectados (solo en servicios de alojamiento y de comida hay unos 350.000) y en comunidades como Baleares y Canarias.

No se salvarán todos. Eso parece claro, aunque para conocer la cifra definitiva debe pasar tiempo y aclararse qué pasará con la regulación especial de los ERTE. Ahora hay una prórroga hasta el 30 de septiembre y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha declarado que el mecanismo funciona y no ve razón alguna para dejarlo caer. Sin embargo, ya se oyen voces que piden ser más selectivos con las ayudas. Una de ellas es la del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Él argumenta que en los primeros compases de la crisis había que aprobar un plan de ayudas masivas para evitar el hundimiento sin remedio de la economía. Pero ahora se debe mantener las ayudas con matices. Las políticas que se desplieguen deben ser más quirúrgicas para no sostener artificialmente “empresas y sectores zombie” y dar paso al ajuste propio de toda crisis, sostiene Hernández de Cos.

Hasta julio, el gasto en las prestaciones extraordinarias de los ERTE habría ascendido a más de 9.000 millones. Esta cifra sale de sumar al desembolso ya conocido —8.097 millones entre abril y junio— los 1.000 millones del mes pasado que estimó ayer el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. Este dato no recoge todo el esfuerzo presupuestario: falta lo no ingresado por las exenciones en las cotizaciones.

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