Competencia impugna el último decreto del Gobierno vasco sobre los VTC

Varios taxistas, en el aeropuerto de Bilbao durante la huelga de taxis de septiembre contra el reglamento VTC.
Varios taxistas, en el aeropuerto de Bilbao durante la huelga de taxis de septiembre contra el reglamento VTC.Miguel Toña / EFE

La Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) ha impugnado el último decreto del Gobierno vasco sobre los vehículos de transporte con conductor (VTC). La decisión se adoptó en la sesión del pleno del pasado 30 de junio. La normativa, de diciembre de 2019, regulaba la prestación de este servicio con unas condiciones estrictas para compañías como Uber o Cabify y beneficiosas para el sector del taxi. La regulación permanece inactiva desde que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la suspendió en cuanto iba a entrar en vigor, de modo que se mantienen los principios que rigen este servicio en el ámbito nacional.

El Ejecutivo autonómico, conformado por una coalición entre PNV y PSE-EE, rechazó un requerimiento de modificación por parte de la CNMC en febrero sobre cuatro artículos y asumió que era “el paso previo”, en palabras del portavoz, Josu Erkoreka, a que se presentara un recurso. La Autoridad Vasca de la Competencia también había solicitado la modificación de esta legislación, que ahora deberá analizar el Tribunal Contencioso-Administrativo. El TSJPV emitió una sentencia que paralizaba la normativa cuando iba a entrar en vigor, el pasado 21 de diciembre. El Gobierno vasco interpuso un recurso, según fuentes de la consejería de Economía, en el que “todavía se está aportando documentación complementaria”. La normativa que rige en Euskadi, por tanto, es la misma que en toda España, destacan estas mismas fuentes.

Los artículos que se cuestionaban eran el 2, el 3, el 4 y el 5, que aluden a la obligación de precontratar el servicio con al menos media hora de antelación y la prohibición de circular en busca de posibles usuarios, permanecer estacionados con la disponibilidad visible y de geolocalizar sus vehículos antes de ser contratados. Erkoreka esgrimió entonces que esta legislación era “legítima, necesaria y proporcionada” a fin de mantener “un servicio público de interés general, como lo es el servicio de taxi, así como el equilibro entre los dos tipos de servicio de transporte urbano”.

Este Ejecutivo argumentó que al limitar determinadas capacidades al servicio de VTC se pretendía “evitar el fraude y mantener la pervivencia y estabilidad del servicio de taxi, que es un servicio público necesario y de interés general”. Uber operaba en Bilbao y fruto de su implantación se aceleraron los trámites del nuevo reglamento, consensuado con el sector del taxi, y que resultó en una legislación similar a la que se aprobó en ciudades como Barcelona y Valencia, que motivaron que Uber dejara de operar en esos municipios.

La decisión de Competencia se tomó en la sesión del pleno celebrado el pasado 30 de julio, que impugna así el decreto 200/2019 de 17 de diciembre de condiciones de prestación del servicio de arrendamiento de vehículos con conductor o conductora y con autorización de ámbito nacional (VTC-N) en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Leave a Reply