Hacienda se autoconcede cinco años más para devolver los ahorros a los ayuntamientos

La Federación de Municipios y Provincias (FEMP) aprobó el pasado lunes en una estrecha votación -con solo los votos de los alcaldes del PSOE y el voto de calidad del presidente, el también socialista Abel Caballero- la propuesta de Hacienda para que el Estado pueda usar los remanentes provenientes del superávit de los ayuntamientos.

En ese acuerdo, el Estado se comprometía a tomar esas cantidades mediante un préstamo de las entidades locales que debía ser amortizado en el plazo máximo de 10 años, a partir de 2022, es decir, en 2032. Pero el Gobierno se lo ha pensado mejor y, saltándose el acuerdo, ha decidido ampliar ese plazo cinco años más, es decir, devolverá su importe a las entidades locales en 2037 en lugar de en 2032.

El mecanismo elegido para cambiar unilateralmente el acuerdo ha sido la publicación del real decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de ayer, miércoles, en el que señala que “el préstamo será amortizado por la Administración General del Estado en un plazo máximo de quince años, a partir de 2022”.

En el mismo se precisa que el préstamo tendrá un tipo de interés anual que no superará el de la financiación de la deuda del Estado, pero que, en cualquier caso, las condiciones financieras de la operación se fijarán previa consulta a la FEMP en un plazo que finalizará el próximo 7 de agosto y se aprobará por la Dirección General de Tesoro y Política Financiera no más tarde del 20 de agosto de 2020.

Los ayuntamientos que acepten la propuesta deberán comunicárselo al Ministerio de Hacienda hasta el próximo 15 de septiembre mediante “un compromiso firme, vinculante e irrenunciable de transferir esos recursos a la Administración General del Estado”.

Más polémica

Esta prórroga de cinco años que se autoconcede el Gobierno echa más leña al fuego sobre un polémico acuerdo que ha suscitado las críticas de los representantes de los municipios del PP, que lo han calificado de “expolio” de Hacienda a las entidades locales.

El texto aprobado ofrece a los ayuntamientos que pongan sus remanentes a disposición del Estado una aportación de los Presupuestos Generales del Estado de 5.000 millones de euros a fondo perdido. Los entes locales podrán usar este dinero en actuaciones que se desarrollen en el ámbito de la agenda urbana, movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura.

También contempla con cargo a los presupuestos un fondo extraordinario de 275 millones, ampliable a 400 millones, para compensar el déficit de los servicios de transporte de competencia municipal durante la pandemia.

Además, se incorpora que las entidades locales participen de forma directa como beneficiarias del fondo de recuperación aprobado por la Unión Europea y se constituya una mesa de trabajo para la futura reforma de la financiación local.

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