Un puente judicial para pasar a la Península

Abdelghani y Oussama llevan apenas un mes en Melilla y ya andan flojos de esperanza. Para estos dos yemeníes, que pagaron 2.000 euros por cabeza para llegar, mitad a nado, mitad en barco, desde el vecino puerto marroquí de Beni Ensar, la ciudad autónoma no es la España que ansiaban. “Veníamos a Europa”, comenta Abdelghani, de 40 años. “Yo lo que quería era ir a la Península, pedir asilo y poder traer a mis hijos y a mi mujer”.

Duermen en la plaza de toros de Melilla, donde están acogidas en torno a 700 personas. En las precarias instalaciones conviven marroquíes varados por el cierre fronterizo provocado por la pandemia, migrantes con orden de expulsión a los que el Gobierno no puede repatriar y solicitantes de asilo a quienes no se ha asignado plaza en los recursos específicos que el Ministerio de Inclusión tiene concertados en la Península. Nadie puede salir de la ciudad. Eso podría cambiar a partir de ahora, porque dos recientes sentencias del Tribunal Supremo dictaminan que los solicitantes de asilo tienen derecho a moverse libremente por la Península, una directriz que el Ministerio del Interior incumple con su política en Ceuta y Melilla.

Las dos ciudades autónomas son las únicas localidades españolas con una excepción al control de fronteras impuesto en el espacio Schengen. Gracias al Acuerdo de Buena Vecindad entre España y Marruecos, vecinos de Tetuán y Nador no necesitan visado para cruzar a las ciudades autónomas por las fronteras terrestres; por eso, la policía comprueba la documentación de todos los viajeros que parten de sus puertos y aeropuertos hacia otros puntos de España, e Interior utiliza ese control policial para impedir (salvo en casos excepcionales) la salida hacia la Península de los solicitantes de asilo, alegando que su documentación solo es válida en esas ciudades autónomas.

Dos sentencias dictadas por el Supremo la pasada semana tumban, sin embargo, la tesis del ministerio para restringir la movilidad de solicitantes de asilo. Esas sentencias crean jurisprudencia, algo que organizaciones como la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), promotoras de decenas de demandas, llevaban años esperando. Desde Interior aseguran que se están analizando las resoluciones y su alcance.

“La interpretación de la ley que hacía Interior era forzada, para seguir controlando tanto las salidas de solicitantes como las de migrantes”, afirma Josep Buades, abogado coordinador del SJM. Bajo esa interpretación, las tarjetas de solicitud de asilo expedidas en Ceuta y Melilla incluían una impresión que advertía: “Válido solo en Ceuta/Melilla”. Para el alto tribunal, tal inscripción “no es conforme a derecho”, ya que “limita la validez de la documentación acreditativa”, dice la primera de las sentencias. En el segundo caso, reconoce que “todo ciudadano extranjero que haya solicitado una protección internacional o asilo en las ciudades autónomas tiene derecho a la libertad de movimiento y fijar su residencia en cualquier otra ciudad del territorio nacional, sin que pueda limitarse dicho derecho”. “[La sentencia] Da cierto alivio a la situación en las ciudades autónomas”, aplaude Buades, “en cuanto que los solicitantes de asilo no dependan del control de Interior para que este apruebe sus traslados”.

En marzo, tras decretarse el estado de alarma, Interior detuvo los traslados de migrantes y solicitantes de asilo desde los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla. En abril y mayo autorizó tres salidas (una en Ceuta, dos en Melilla) ante la presión de organizaciones como Acnur y el Defensor del Pueblo.

La situación en Melilla apenas ha mejorado.En el CETI conviven actualmente 1.384 personas en unas instalaciones preparadas para acoger a 782. La Secretaría de Estado de Migraciones ha cerrado las puertas del centro a nuevas entradas dada la saturación. Las llegadas se han ralentizado, pero no se han detenido. Entre el 15 de marzo, cuando comenzó el confinamiento, y el 30 de julio, han entrado en Melilla 221 personas (frente a 1.489 en 2019; 46 entraron durante el estado de alarma, 175 en julio). Según Acnur, 978 personas han solicitado asilo en la ciudad entre enero y julio.

Ahmed, egipcio de 30 años que ha pedido asilo en Melilla, duerme en la plaza de toros con otros 15 egipcios y unos 450 marroquíes. “No hay nada de espacio”, se queja. “Estamos todos pegados. Si uno pilla [el coronavirus], lo pillamos todos”.

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