La justicia belga rechaza entregar a España al exconsejero Lluís Puig

La justicia belga ha rechazado este viernes extraditar a España al exconsejero catalán de Cultura Lluís Puig. El político de Terrassa, huido en Bruselas desde hace dos años y nueve meses, fue reclamado por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena el pasado noviembre por un delito de malversación en el caso contra los líderes del procés, pero la Cámara del Consejo belga ha notificado a la defensa por vía telemática que ha optado por declinar la tramitación de la euroorden cursada en su contra.

En su última comparecencia ante el juez belga hace mes y medio, Puig argumentó que no hay ningún indicio de malversación, puso en duda la competencia del Supremo para juzgarle, y contraatacó acusando a España de vulnerar derechos fundamentales. Este viernes, el juez belga ha dado por bueno el segundo de esos razonamientos. “La Cámara del Consejo ha rechazado la ejecución del mandato de arresto europeo al considerar que la autoridad española que lo ha emitido no es competente para hacerlo”, ha señalado en un comunicado.

El abogado de la defensa Gonzalo Boye ha explicado que “lo que se ha establecido es que el Supremo no es competente porque los acusados no eran aforados”. Y cree, por tanto, que debió haber sido “un juzgado ordinario de Barcelona, el que por turno corresponda”, el encargado de remitir la orden. Pese a la decisión favorable, por ahora, los abogados de Puig son prudentes, y no le recomiendan que abandone Bélgica.

El fallo supone solo el primer asalto de una pelea que todavía puede alargarse varios meses. La pandemia ha retrasado aún más un proceso que ya acumula una importante demora. Primero se alargó por una petición de aplazamiento de los acusados para preparar mejor su defensa, y después, por aguardar la decisión de los tribunales europeos sobre su inmunidad. “Ahora veremos qué hace el tribunal español, si recurrir o retirar esta euroorden y lanzar una cuarta. La pelota está en su tejado”, ha señalado Puig, visiblemente contento, en una rueda de prensa desde la delegación de Cataluña ante la UE. La decisión no es definitiva: es posible recurrirla ante otras dos instancias, el tribunal de apelación y la corte de casación, pero esta primera sentencia refuerza la posición de los independentistas huidos en Bélgica en la larga batalla judicial que libran con el Supremo para no ser juzgados en España.

El pulso, que amenaza con resucitar tensiones con Bélgica e incluso ha llevado a PP y Ciudadanos a cuestionar el funcionamiento de la orden europea de detención y pedir su reforma, ha evidenciado las dificultades de la justicia española para lograr la entrega de los prófugos en Bélgica, hasta el punto de que ha emitido sucesivamente tres euroórdenes distintas, tras retirar la primera en diciembre de 2017 y ser rechazada la segunda por defectos de forma en mayo de 2018.

Puig era el eslabón más vulnerable de los independentistas fugados en Bélgica y reclamados por la justicia española. Mientras Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí gozan temporalmente de inmunidad por su condición de eurodiputados, Puig no se presentó a dichos comicios, sino a los municipales, en los que fue elegido concejal por Terrassa, aunque posteriormente renunció a su acta y prefirió seguir en Bélgica para evitar ser detenido al entrar en territorio español.

Un precedente hacía temer que la jornada podía ser nefasta para los intereses del líder independentista: la Audiencia territorial alemana de Schleswig-Holstein aprobó hace dos años que Carles Puigdemont fuera entregado a España por malversación, aunque la justicia española finalmente retiró la euroorden al rechazar que se le extraditara solo por ese delito. Pero finalmente, la decisión del juez belga ha ido en la dirección opuesta.

Puigdemont, Comín y Ponsatí observan atentamente el devenir de la suerte de Puig. Ambos están a la espera de que el Parlamento Europeo vote sobre el levantamiento de su inmunidad como eurodiputados. Si eso sucede, la justicia belga retomará su caso. Y el abogado Paul Bekaert ha anunciado este viernes que invocarán el mismo argumento que ha permitido a Puig esquivar la extradición a España.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha mostrado confiado en que la victoria de Puig se extrapole a los demás, y ha cargado contra la justicia española. “Si el Tribunal Supremo no es competente para juzgar a Puig no lo es para juzgar a los otros”. “Pido la nulidad del juicio falso, la amnistía, la libertad de los políticos presos y el fin de la causa general contra el independentismo que Europa ahora ha revelado”.

La otra dirigente independentista huida en Bélgica, la exconsejera de Agricultura Meritxell Serret, actual delegada de la Generalitat ante la UE, no ha sido reclamada por la justicia española al estimar que solo se la podía acusar de desobediencia, un delito que no está castigado con cárcel y para el que no se puede dictar una euroorden.

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