Los socios del Gobierno se rebelan por el pacto entre Hacienda y los Ayuntamientos

Todo está en el aire. La tormenta política que ha generado el plan del Gobierno para inyectar financiación a los municipios permitiéndoles que utilicen sus ahorros anuncia una turbulenta secuela para septiembre. El documento, publicado el miércoles en el BOE, nace convaleciente antes de llegar al Congreso, y ya cuenta con el rechazo de los partidos independentistas, nacionalistas y regionalistas. El apoyo de Unidas Podemos, socio del PSOE en el Gobierno, está en duda. La formación no revelará sus cartas hasta que el texto se mejore, y pide cambios similares a los que demandan desde el PP hasta Junts.

El principal escollo, que ha provocado el estallido de partidos como ERC, Compromís y EH Bildu —formaciones que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez—, es el complicado mecanismo con el que el Gobierno se compromete a entregar a los Ayuntamientos sus ahorros. De acuerdo con el decreto, los municipios deberán ingresarle a Hacienda —de forma voluntaria— sus remanentes (unos 14.000 millones), para que luego se les devuelva el dinero en diez años, ampliables a 15, a partir de 2022. Este enrevesado sistema es la única opción que encontró el Ejecutivo para que las entidades locales pudiesen contar con estos recursos (alegando que una ley de 2012 aprobada por el PP y la propia Constitución impedían otra fórmula). Fuentes de Unidas Podemos critican los plazos para la devolución del dinero.

Para las formaciones soberanistas como ERC y EH Bildu, lo aprobado es una “confiscación”, un calificativo parecido al que ha utilizado el PP —“expropiación”, el mismo concepto usado por Compromís—. Marc Sanglas, secretario de estrategia municipal de los republicanos independentistas catalanes, argumenta que su partido (con 13 diputados, fundamentales para una posible aprobación), ve con malos ojos la propuesta del Gobierno: “Necesitamos que se liberen todos los remanentes. Son ahorros conseguidos por los Ayuntamientos y ellos deben poder disponerlos”.

ERC, como los partidos nacionalistas y regionalistas en el Hemiciclo, cree que el acuerdo no permite a las entidades locales utilizar esos recursos libremente. En términos más duros se expresó hace un par de días el diputado de Compromís Joan Baldoví, que consideró el documento “nefasto” y “catastrófico”. Nueva Canarias lo redujo a “puro mercadeo”. El presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, optó por otro adjetivo: “Impresentable”.

Una vía de escape que podría utilizar el Gobierno para que los números estén a su favor sería aceptar la principal exigencia de los nacionalistas: derogar la ley de estabilidad presupuestaria, un punto que no figura en la propuesta del Ejecutivo de Sánchez. Unidas Podemos también exige la extinción de esa norma. La legislación, aprobada en medio de la crisis económica pasada bajo Gobierno del PP, es la que ha dado pie al lío legal por el que el proyecto de Montero ha tenido que pasar en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El PNV, otro de los socios de investidura del Ejecutivo, todavía no tiene una postura al respecto —aunque el alcalde peneuvista de Bilbao, Juan Mari Aburto, firmará este viernes un manifiesto junto con otros regidores, en contra del acuerdo—. Mientras que fuentes parlamentarias de Más País aseguran que el texto, tal y como quedó redactado, “es una mala noticia para el municipalismo”.

El voto de Podemos

La gran duda está en Unidas Podemos. Las negociaciones en la FEMP no fueron fructíferas y solo se consiguió que Izquierda Unida, el partido con representación en la junta de gobierno, se abstuviera. La coalición de izquierdas mantiene que el texto es mejorable.

Fuentes de Podemos insisten en que aún es pronto para saber el sentido del voto. Pero aclaran que hay líneas rojas que ya marcaron en su grupo municipalista (IU-Podemos-Comuns): se debe buscar una solución para los Ayuntamientos que no tienen ahorros. En el proyecto de ley, el Gobierno se compromete a regar con un fondo de 5.000 millones las arcas de los municipios. Sin embargo, estos recursos solo serían para las entidades que tengan remanentes, lo que dejaría en una complicada situación a cerca de 300 Consistorios.

Podemos no está solo en esa batalla. El vicesecretario Territorial del Partido Popular, Antonio González Terol, ha criticado que el Gobierno deje “en la estacada” a los municipios con déficit. Una de las corporaciones locales que, precisamente, no podría ver un céntimo del fondo de los 5.000 millones sería Zaragoza, la quinta ciudad de España, gobernada por el PP. A este frontal rechazo se le suma Ciudadanos. La formación liberal, que tiene el bastón de mando de otro municipio perjudicado (Granada), también ha cargado públicamente contra el acuerdo de la FEMP.

En el Congreso de los Diputados se podrían repetir las escenas que se vivieron en la FEMP. Tuvieron que pasar cuatro borradores distintos y el aplazamiento de cuatro votaciones para que el organismo aprobase, el pasado lunes, la enésima propuesta de Hacienda. Los socialistas fueron los únicos que apoyaron el proyecto —el texto salió adelante gracias al voto de calidad del presidente de la federación, el socialista Abel Caballero—. Ahora el Gobierno se enfrenta a un escenario que le puede generar nuevos dolores de cabeza. Los socios de investidura suman una mayoría, junto con la derecha, que amenaza con frenar los planes del departamento de María Jesús Montero.

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