Podemos acusa al juez de abrirle una “causa general” y trata de frenar el caso en la Audiencia Provincial

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el Senado.
El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el Senado.FERNANDO VILLAR / EFE

Podemos ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid para tratar de frenar la batería de imputaciones y pruebas pedidas por el Juzgado de Instrucción número 42 de la capital tras recibir una denuncia de un antiguo abogado de la formación, José Manuel Calvente, por supuesta financiación irregular. El partido, también imputado como persona jurídica, ha pedido al órgano judicial que declare nulas todas las actuaciones del magistrado, contra el que carga duramente por haber iniciado una “causa general” contra la formación en base a “suposiciones” y “rumores”. El caso “debía haber sido archivado sin trámite”, destaca el escrito de 26 páginas.

Según ha expuesto este miércoles Rafa Mayoral, diputado y uno de los señalados por Calvente, la investigación se basa solo en “algunos documentos que aderezan un conjunto de suposiciones que no se sostienen por ninguna parte, que rallarían el ridículo, si no fuera porque hay un procedimiento judicial en marcha”. Estos son los principales argumentos expuestos en su recurso, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Una investigación “prospectiva”. “Los hechos denunciados carecen de cualquier sustento indiciario y no tienen la relevancia penal suficiente para iniciar una instrucción judicial tal y como ha sido acordada por el juez”, arranca una de las líneas argumentales utilizadas por Podemos en el documento, donde señala que se ha abierto una “causa general” contra el partido. “Es una investigación prospectiva”, dice.

“La denuncia está en su práctica totalidad basada en meras apreciaciones subjetivas que el juez hace suyas, sin someterlas a un mínimo juicio de ponderación o análisis objetivo para verificar si nos encontramos ante verdaderos hechos punibles”, prosigue el recurso: “El [magistrado] motiva el auto, por el que acuerda la declaración de investigados y la práctica de diligencias, en base a la declaración prestada en sede judicial de Calvente y a la documentación aportada. Esta motivación, como si la verificación de los hechos proviniera de una autoridad policial, es totalmente inaceptable en un Estado democrático de Derecho”.

“Rumores y especulaciones”. Podemos intenta echar por tierra en su escrito parte de las acusaciones de su antiguo abogado, al que acusa de sustentar su relato únicamente en “sospechas”, “especulaciones” o “rumores”. Así, por ejemplo, sobre las supuestas irregularidades en la obra de la sede, la formación afirma que fue el propio Calvente quien “preparó toda la documentación de la licitación, validando legalmente todo el proceso y proponiendo expresamente el mismo procedimiento de urgencia que, dice en su denuncia, ‘fue una farsa para aparentar que se estaba cumpliendo la ley”.

También, sobre la supuesta contratación fraudulenta de la consultora Neurona para las campañas electorales, Podemos afirma que la “base indiciaria detectada por el denunciante descansaría en unos meros borradores de contratos (sin firmar), de fecha aparentemente errónea 27 de febrero de 2019 —para esa fecha aún no podría estar siquiera constituida la coalición firmante, lo que ocurrió el 15 de marzo de 2019, según establecía el calendario electoral—”, así como en “rumores sobre supuestas comisiones ilícitas (de los que carecemos de la identidad de las fuentes o de cualquier otro dato que pudiera ayudarnos a esclarecer mínimamente estas graves acusaciones) y los siempre recurrentes extractos de prensa sobre supuestas investigaciones en países latinoamericanos, como en este caso Bolivia”. “Frente a esta evidente insuficiencia de elementos indiciarios, [Calvente] reconoció en sede judicial que, en efecto, hubo trabajadores de la citada empresa que vinieron desde México al centro establecido por el departamento de comunicación para trabajar en la campaña electoral de abril de 2019″.

El requerimiento sobre Monedero. El juez también ha pedido al Registro Mercantil un informe sobre las sociedades mercantiles en cuyos consejos de administración figure Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos y desvinculado orgánicamente de la formación. “¿Qué conexión con la causa tiene? ¿Qué tienen que ver las sociedades de las que pueda ser administrador con los hechos denunciados? ¿Se le está investigando de forma subrepticia en base a rumores?”, se pregunta Podemos al ahondar en esa tesis de que se ha emprendido una investigación “prospectiva” contra ellos. De hecho, el partido incide en que hay una “falta de motivación específica e individualizada de la práctica” de pruebas, lo que deja a “las personas investigadas en la presente causa en una situación absolutamente desconcertante”.

Documentación obtenida “ilegalmente”. Aunque insiste desde un primer momento en que la documentación aportada al juzgado “carece de cualquier tipo de relevancia penal” y no es constitutiva de indicio de delito alguno”, Podemos añade que Calvente la obtuvo “vulnerando” el deber de confidencialidad ligado al cargo que ocupa y, por tanto, se ha inicio una causa que se encuentra “contaminada” desde el principio. “Esa documentación inicia un proceso penal en el que el juez de instrucción asume en su integridad el relato de hechos, irrelevantes desde el punto de vista penal, pero intencionadamente seleccionado para presentarlo como un conjunto de sospechas sin fundamento incriminatorio”, alega el partido, que apostilla que, de no acordarse la nulidad del proceso, “se estaría autorizando la desigualdad de las partes en el mismo” y violando “el derecho a un proceso con todas las garantías”.

Según detalla Podemos, Calvente obtuvo todos esos datos gracias al puesto que ostentaba: formó parte del equipo legal de la formación desde 2014 y, desde mayo de 2018 a su salida en diciembre de 2019, compatibilizó esas funciones con las de delegado de Protección de Datos. “Le era de aplicación el deber de sigilo”, reza el escrito enviado a la Audiencia Provincial, donde se señala que, no solo tenía obligación de “guardar secreto profesional”, sino que ha desvelado unos datos personales sobre los que tenía “el deber de confidencialidad (es más, era el principal y último responsable de su custodia)”: “Y sobre ellos, ilícitamente obtenidos y traídos a la causa, es ahora el juez de instrucción el que acuerda abundantes diligencias de investigación. El nexo, por tanto, es más que evidente”.

Falta parte de la declaración de Calvente. Otro de los argumentos esgrimidos por el partido para pedir la nulidad de las actuaciones es que no consta en la causa la grabación completa de la declaración de su antiguo abogado. Según afirma el escrito, tras solicitar el audio, el juzgado solo le ha remitido 40 minutos de las tres horas y media que duró ese testimonio, en el que estuvieron presentes los abogados de Podemos. Esta circunstancia, en opinión de la fuerza de izquierdas, le genera una “indefensión”: “Al tener que ejercitar a ciegas el derecho de defensa [del partido] y el de las personas que han sido llamadas a declarar en condición de investigadas”.

La imputación de Podemos. En su escrito, Podemos se esfuerza en dejar claro cómo adquirió su condición de imputado en esta causa. Y lo hace desde un principio, al arrancar su recurso relatando que la formación supo el 22 de julio por los medios de comunicación que el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid había abierto seis días antes una causa penal por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y administración desleal. Fue entonces cuando, según añade, pidió por iniciativa propia su personación en la causa, una solicitud que aceptó el juez, quien directamente le “notificó” en su respuesta que le otorgaba esa estatus de “investigado”.

Contra la personación de Vox. La fuerza política liderada por Pablo Iglesias ha rechazado también la presencia de Vox en la causa. El juez aceptó el 29 de julio la personación del partido de extrema derecha como acusación popular al considerar que los delitos investigados “pueden infringir un bien perteneciente a la esfera o patrimonio social, como es en el caso de autos el delito de malversación de fondos públicos, en el que se tutela no sólo el patrimonio público, sino sobre todo la confianza del público en el manejo honesto de los caudales del Estado”. Podemos ha destacado que ni siquiera se le ha pedido una fianza para ejercer este papel y ha incidido en que tendrá que aportar, “para acreditar la ausencia de delito”, diversa “documentación contable, personal de sus dirigentes, de estrategia comunicativa y relativa a campaña electoral o financiera —en definitiva, información sensible— en un proceso en el que está personado un partido político rival”.

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