Malestar en el Constitucional por el arresto de uno de sus magistrados

Las circunstancias que rodearon la detención el lunes del magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés por un presunto delito de violencia de género han provocado malestar en el seno del alto tribunal, señalan fuentes del mismo. Estas recuerdan que los jueces del Constitucional solo pueden ser arrestados en supuestos de flagrante delito y, sin embargo, Valdés fue conducido a dependencias de la Guardia Civil horas después de que dos jóvenes denunciaran que habían visto cómo una mujer, que resultó ser la esposa del magistrado, salía al balcón gritando y un hombre la introducía a la fuerza dentro de la vivienda.

Fuentes policiales recuerdan que, ante la sospecha de estar ante un caso de violencia de género, el protocolo exige extremar la protección de la víctima, aunque ella, como ocurrió en este caso, no quiera denunciar. En estos delitos, las Fuerzas de Seguridad deben actuar de oficio. También recalcan que Valdés no se identificó como magistrado hasta llegar a dependencias de la Guardia Civil y que, una vez allí, incluso dijo renunciar a su aforamiento.

Fuentes del Constitucional también muestran malestar porque ni la Guardia Civil ni la juez comunicaron al alto tribunal la detención de uno de sus integrantes. Y destacan que su presidente, Juan José González Rivas, se enteró por los medios de comunicación.

A la espera del Supremo

Por ahora, el Constitucional no tomará una decisión sobre las medidas a adoptar con Valdés hasta que el Tribunal Supremo, que previsiblemente recibirá el caso del juzgado de Instrucción de Majadahonda (Madrid) que ahora lo lleva, se pronuncie sobre si continúa con la causa o la archiva. La remisión al Supremo se considera la vía procedente, dado que es el encargado de los asuntos penales que afecten, entre otros cargos públicos, a los magistrados del Constitucional.

El miércoles, cuando se conoció el arresto, el tribunal de garantías evitó todo pronunciamiento sobre el fondo del asunto, subrayando en un comunicado que al magistrado le asiste el derecho a la presunción de inocencia. Con ello, el Constitucional cierra de momento el asunto a efectos internos, pero con la mirada puesta en lo que recoja la exposición razonada que la juez de Majadahonda Elena Garde, encargada del caso, enviará en breve al Supremo para que este asuma el caso de Valdés.

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