La doble pérdida de los municipios sin ahorros

En una negociación difícilmente puede haber una parte que pierda todo y gane nada. Pero ese es aparentemente el caso de los cerca de 300 Ayuntamientos en España que no cuentan con ahorros en los bancos. La cifra es una estimación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y esos Consistorios se enfrentan a un problema doble. En primer lugar, no pueden recibir dinero de sus ahorros porque no los tienen. Por otro lado, tampoco pueden recibir un céntimo del fondo de 5.000 millones que ha anunciado el Gobierno porque este solo se repartirá entre quienes hayan entregado previamente al Estado sus remanentes, según el plan del Ministerio de Hacienda. Y en esa situación tienen que enfrentar la crisis económica que deja consigo la pandemia.

En el real decreto publicado el 5 de agosto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se delinean las medidas del pacto de Hacienda con la FEMP. Uno de los puntos estrella es el fondo de 5.000 millones que el Ejecutivo desembolsará entre 2020 y 2021 para regar las arcas municipales. La letra pequeña es la que ha provocado el estallido de muchos de los alcaldes que forman parte de la rebelión contra el Gobierno. Cádiz (Adelante Andalucía, escisión de Podemos), Zaragoza (PP) y Granada (Cs) están entre los 11 municipios que alzaron la voz la semana pasada contra el acuerdo. Ninguno cuenta con recursos.

La situación de los municipios sin remanentes fue el germen de la rebelión de los alcaldes. Así lo admiten fuentes populares en el seno de la FEMP. Estas mismas fuentes relatan que una de las principales quejas es que la FEMP había aprobado en mayo una serie de peticiones al Gobierno para que las corporaciones municipales se enfrentasen de mejor manera a la crisis económica que dejaría consigo la pandemia. En ese texto se pidió un fondo de 5.000 millones, y con especial énfasis en los municipios con problemas financieros. Sin embargo, tras la larga negociación con Hacienda, esta posibilidad terminó por esfumarse. El presidente de la FEMP, Abel Caballero, alegó en una entrevista con EL PAÍS el pasado jueves que ese documento fue la base de la negociación pero que, al final, quedó en un último texto que satisfizo “en 90%” las peticiones de los alcaldes.

Tanto Hacienda como la FEMP defienden a ultranza que hay otras formas de ayudar a estos municipios, que ahora se ven en la difícil situación de paliar los estragos financieros de la covid con una cartera vacía. En el texto —que se deberá tramitar en el Congreso en septiembre, pero que hoy por hoy no cuenta con los apoyos necesarios para su convalidación— aparece la creación de un fondo de 400 millones para compensar las pérdidas que han tenido los sistemas locales de transporte. Pero esto último tal vez no sería la principal preocupación para pueblos como Navajas (Castellón), de solo 716 habitantes y que tiene la deuda per cápita más alta en España, según datos del ministerio. Otra de las posibles soluciones que brinda el plan es que estas localidades pidan un crédito o préstamo en las diputaciones provinciales. Algo que fuentes municipales dentro de la federación califican como “insuficiente” y como “muy pequeño para un problema muy grande”.

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