Contabilidad social, el ansiado nexo entre empresa y sociedad

Maravillas Delgado

En estos tiempos de pandemia e incertidumbre en la que nos está tocando vivir, la ciudadanía, en general, y las personas en particular, hemos aprendido a valorar a las empresas y organizaciones por el servicio que prestan a la sociedad, es decir, por su función social. Nos hemos dado cuenta de la importancia de distintos sectores, tales como sanidad, logística, educación, telecomunicaciones, y tantos otros; no tanto por la cifra de negocio que generan, sino por su contribución al bienestar de las personas y de la sociedad en su conjunto. Esta es la idea que subyace bajo el concepto de valor social, entendido como la contribución al bienestar general realizada por los diferentes tipos de empresa: mercantiles, sociales, públicas o mixtas.

Si bien la medición de este valor no es sencilla, un grupo de universidades españolas en el marco de CIRIEC (Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa), lideradas por Deusto, llevan casi una década trabajando en el desarrollo de un procedimiento que permita sistematizar el valor generado o detraído por las organizaciones para la sociedad, en unidades monetarias, a imagen de la contabilidad económico-financiera.

Esta “contabilidad social” supone una ampliación en dos dimensiones de la actual contabilidad: la primera, en cuanto que además del valor de mercado incorpora también las transferencias de valor que no se encuentran mediatizadas por el pago efectivo de precios y que, por tanto, son ajenas a la contabilidad tradicional. En un segundo momento, se incorpora también el valor emocional que las entidades transfieren a sus diferentes grupos de interés. Estos grupos de interés son, además de los accionistas e inversores, los trabajadores, proveedores, clientes, administraciones públicas y comunidades locales donde opera la empresa. Son precisamente estos grupos de interés la segunda ampliación de la contabilidad social, ya que en lugar de ser una contabilidad pensada únicamente para los accionistas/inversores, centrada, por tanto, en el resultado económico-financiero, identifica el conjunto del valor que la organización distribuye a cada uno de sus grupos de interés. En un momento posterior, todavía en construcción, incorporará también el valor externalizado o detraído, por omisión, a los componentes de la sociedad que no son partícipes sociales de la empresa considerada.

En cuanto a su procedimiento, la contabilidad social se inicia con la identificación de los grupos de interés a los que la organización potencialmente puede generar o detraer valor, dando lugar a un mapa de grupos de interés. Algunos de estos grupos, como ya hemos señalado, pueden ser: clientes, proveedores, administración pública, otras empresas del sector, trabajadores, accionistas e inversores; así como los ciudadanos, en general, o cualquier otro grupo de interés al que la entidad transfiera o detraiga valor. A partir de este mapa, con una perspectiva fenomenológica, se desarrolla un diálogo con las partes interesadas con el fin de identificar los mecanismos —variables a través de las cuales la entidad particular realiza la transferencia de valor a dichos grupos de interés—. Una vez identificadas dichas variables, mediante un procedimiento similar al de valor razonable utilizado en contabilidad, se estipula el valor correspondiente a cada una de las variables. Este proceso permite objetivar de forma monetaria el valor fuera del mercado generado por la cada entidad, facilitando su integración con la contabilidad tradicional.

Este análisis de la generación de valor tiene una utilización evidente en los procesos de comunicación, donde las empresas u otro tipo de entidades pueden presentar a la ciudadanía una objetivación comprensible de su contribución al bienestar social, más allá de la cifra de resultados. Aún más importante puede ser que permite contrastar el resultado social generado con el propósito de la empresa, facilitando conocer la alineación con el objetivo declarado de la compañía, es decir, con su función social. En el caso de que existieran divergencias, posibilita que las corporaciones incorporen estos resultados en su estrategia y en sus procesos de toma de decisiones, con el fin de alinear propósito y resultados. Así mismo, permite el empoderamiento real de los ciudadanos, tanto en su rol de clientes como de trabajadores o inversores, a la hora de elegir con qué empresas deciden interactuar. Esto es así porque dispondrán de información suficiente, en un lenguaje comprensible, para priorizar aquellas organizaciones con un comportamiento más responsable con el conjunto de la sociedad, con el medio ambiente y con las comunidades donde opera. De esta manera, cada persona tendrá la opción de dejar de ser una consumidora atomizada que solo tiene en consideración su propia conveniencia, para poder convertirse en una ciudadana informada con la posibilidad de incorporar el bienestar de otros en sus decisiones de compra.

En la medida en que la sociedad evolucione en esta dirección, como parece indicar la exigencia cada vez mayor de información no financiera, las empresas contarán con incentivos sólidos para comprometerse con el bien común; y su carta de presentación a la sociedad irá más allá del binomio precio-calidad, incluyendo su posicionamiento social. Adicionalmente, y desde el punto de vista de los partícipes sociales que trabajan en la empresa, resulta evidente que no es lo mismo colaborar con una organización que simplemente se dedica a producir de manera eficiente, que colaborar con una organización que, además de incorporar el principio de eficiencia, busca alinear sus propios objetivos con los de la sociedad. De hecho, los estudiantes que desarrollan sus capacidades en nuestras universidades valoran cada vez más el propósito de las organizaciones donde van a trabajar, su coherencia interna, las relaciones de esa empresa con la sociedad y el medio ambiente y, de manera específica, la compatibilidad del trabajo profesional en esa organización con sus opciones vitales.

Últimamente, esta evolución de las empresas hacia la creación de valor compartido para el conjunto de la sociedad y de sus partícipes sociales no sólo es una aspiración ciudadana, sino también un cambio demandado desde los grandes inversores institucionales a nivel internacional. Al mismo tiempo, son encomiables los esfuerzos de muchas empresas españolas grandes y pequeñas, cotizadas o familiares, que están liderando en la práctica el proceso de desarrollo de esta nueva contabilidad a través de su utilización colaborativa con el ámbito académico. En algunos entornos, la palabra competitividad se entiende como la necesidad de acometer ajustes permanentes a la baja. Sin embargo, bajo esta nueva mirada, la competitividad se orienta a la búsqueda de un mayor nivel de prosperidad para el conjunto de la sociedad y de los partícipes sociales que conforman la organización. Sin duda, esta reconfiguración de la función social de la empresa es el principal reto al que nos enfrentamos en la actualidad el conjunto de agentes que participamos en la economía de mercado, y de nuestra capacidad de respuesta dependerá el nivel de bienestar para nosotros y para los que nos sucedan.

Ricardo Aguado y José Luis Retoloaza son profesores del departamento de Finanzas y Economía en Deusto Business School, Universidad de Deusto

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