Los manifestantes sin mascarilla de Colón se enfrentan a multas por desobediencia o incumplimiento

Durante la manifestación contra el uso de las mascarillas celebrada el pasado domingo por la tarde en la céntrica plaza de Colón de Madrid, la policía denunció a más de 30 personas –incluidos los organizadores― por incumplir la obligatoriedad de cubrirse la nariz y la boca para prevenir la expansión del coronavirus. Son datos aportados por el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, que ha asegurado este lunes que se sancionará “con la máxima dureza” el incumplimiento del uso de la mascarilla en esa protesta, que congregó a “entre 2.500 y 3.000 personas”. Según fuentes de la Delegación del Gobierno, los servicios jurídicos están analizando qué tipo de delito se puede aplicar en cada caso, ya sea por desobediencia o incumplimiento”. Y advierten: “Será distinta la sanción que se le ponga a un organizador que a un manifestante”.

Las fuerzas de seguridad interpusieron más de un millón de sanciones desde el comienzo de la pandemia por burlar el confinamiento, según el Ministerio del Interior. La inmensa mayoría fueron por desobedecer o resistirse a las órdenes de los agentes. El artículo más aplicado es el 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana —conocida por ley mordaza— , que contempla multas que van desde los 601 a los 30.000 euros por “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito [en ese caso se aplica el Código Penal, que recoge penas de cárcel], así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”.

La Abogacía del Estado emitió en abril un informe que cuestionaba el modo en el que el departamento de Fernando Grande-Marlaska estaba aplicando la ley mordaza y del Defensor del Pueblo pidió a Interior toda una batería de datos sobre las multas tramitadas. A mediados de abril, Interior realizó una guía para unificar los criterios tanto en la actuación de los agentes como en la tramitación de los expedientes en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. El documento contemplaba, entre otras sanciones, que la “organización o participación en actividades en común, festejos, celebraciones” y otras puede tener una propuesta de sanción de hasta 10.400 euros si se considera que el riesgo es “elevado” por “el número de personas, circunstancias y proximidad” entre estas.

“Siempre hay algún descerebrado, en este caso bastantes, por desgracia, que incumple las normas, pero lo que quiero dejar perfectamente claro es que se les sancionará con la máxima dureza que nos permita la ley”, ha declarado este lunes el delegado del Gobierno en una entrevista en la Cadena Ser.

Franco ha explicado que en el escrito de los organizadores para comunicar la convocatoria de la manifestación a la Delegación del Gobierno “no se reivindica la oposición a la mascarilla”, si bien “hablan de instrumentalización, de censura de prensa, de la instrumentalización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero en ningún momento se dice nada en contra de la mascarilla”. “Es más”, agregaba el delegado, “ellos nos garantizan en su escrito la distancia social, incluso decían que habría personas recordándolo con carteles”, explicaba Franco para justificar que se hubiese permitido dicha concentración”.

En el mismo sentido, ha manifestado que no se plantearon disolver la manifestación ante la ausencia de mascarillas entre los asistentes, porque “el remedio podía ser peor que la enfermedad”, y ha defendido la necesidad de actuar “con objetividad, con mesura, con sentido común y, sobre todo, con Proporcionalidad”. “La Policía actuó con la proporcionalidad que se le exige y con la que suele actuar siempre y hubiera sido peor, a mi juicio, una carga por disolver esa manifestación”. De hecho, ha precisado el delegado, “algunos manifestantes intentaron tomar el Paseo de la Castellana y la policía se lo impidió”.

Investigación e identificaciones

En cuanto a la investigación anunciada el mismo domingo, el delegado del Gobierno ha detallado que, aparte de las denuncias que se impusieron en la manifestación, van a tratar de identificar a más personas que incumplían la normativa vigente. “Vamos a desarrollar una investigación concienzuda”, ha anunciado y se sancionará “con el máximo rigor” en función de si ha habido desobediencia o incumplimiento de la norma. Franco ha concluido: “No va a haber ningún tipo de impunidad, los que han actuado de forma tan incívica tendrán su justo castigo”.

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