La Fiscalía le abre un tercer frente a Podemos

Pablo Iglesias, líder de Podemos, durante un acto de campaña en las pasadas elecciones vascas.
Pablo Iglesias, líder de Podemos, durante un acto de campaña en las pasadas elecciones vascas.Miguel Toña / EFE

El verano de 2020 se ha convertido en un suplicio para Podemos, que no deja de acumular reveses en los tribunales. Tras el giro del caso Dina en la Audiencia Nacional y la imputación del partido en un juzgado de Madrid por una causa de malversación de fondos, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha abierto un nuevo frente a la fuerza liderada por Pablo Iglesias al apreciar indicios de delito en la contabilidad que presentó sobre las elecciones generales del 28 de abril de 2019. El ministerio público sospecha de un contrato firmado por la formación con la consultora Neurona, vinculada a la izquierda latinoamericana.

La génesis del nuevo dolor de cabeza de Podemos, que este viernes insistió en que el caso “quedará en nada”, se encuentra en un documento firmado el 27 de julio por el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres. El representante del ministerio público envió ese día un escrito a la sección de Fiscalización de Partidos Políticos del órgano para pedirle todos los folios del último informe elaborado sobre los gastos electorales del 28-A, así como su “soporte documental”, que tuvieran relación con una serie de supuestas “irregularidades” detectadas por el tribunal sobre la contratación de Neurona.

En dicho informe al que se refiere Torres —que el pleno del Tribunal aprobó definitivamente el 28 de julio y que publicó en su web el 4 de agosto— se explicaba por qué se había rechazado subvencionar como gasto electoral unas facturas que Podemos había pasado por la contratación de esta consultora. Aunque el partido alegaba que Neurona había elaborado una ingente cantidad de material para la campaña, como “decenas de vídeos” para las redes sociales, infografías y cartelería, el Tribunal concluyó que la formación no había acreditado “suficientemente” que esa empresa fuera la que los confeccionó.

Es más, el órgano fiscalizador incidía en que se solicitó al partido “sucesiva información” sobre todo ello, y que aportara un “presupuesto detallado” con los distintos servicios prestados y el valor económico de cada uno. Pero Podemos le envío solo un contrato por “importe de 363.000 euros, firmado electrónicamente el 6 de mayo de 2019”, sobre el que el Tribunal arrojó más sospechas. Según su informe, la factura de ese contrato se había firmado antes, el 5 de abril de 2019; en el acuerdo no constaba una “valoración económica individualizada de lo contratado”; y la empresa proveedora (Neurona Comunidad S. L.) se inscribió en el registro mercantil el 19 de marzo de 2019, apenas un mes antes de las elecciones generales. “No coincidiendo su objeto social con las prestaciones contratadas”, remachó.

Este relato llamó la atención del fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, que consideró que esos hechos “permiten fundamentar la existencia de la comisión” de dos posibles delitos: uno de fraude electoral y otro de falsedad de documento mercantil. Una valoración que adquiere una gran importancia, pues es la primera vez que el ministerio público duda de las cuentas de la formación y pide que se investiguen. Hasta ahora, las causas judiciales que ha afrontado Podemos se sustentaban en acusaciones de particulares.

De hecho, su imputación por malversación en el juzgado de Instrucción número 42 de Madrid se sustenta en la denuncia de un antiguo abogado del partido, José Manuel Calvente. Una causa en la que, según detallan fuentes jurídicas, el ministerio público aún no se ha pronunciado, aunque se encontraba presente en el interrogatorio que el magistrado Juan José Escalonilla hizo al letrado el pasado 29 de julio, cuando contó toda una batería de presuntas irregularidades en las cuentas del partido. Entre otras, algunas relacionadas con la contratación de Neurona para el 28-A: “Son trabajadores [de Podemos] los que detectan estas irregularidades. Me dicen: ‘Oye, yo estoy haciendo cosas para Podemos y resulta que las está facturando Neurona, Está facturando un servicio ficticio. Cómo es posible que cobre 300.000 euros por hacer seguimiento de campaña, que es una cosa como… humo”, dijo Calvente entonces.

Ofensiva política

Esas palabras adquieren ahora una nueva dimensión al sumarse la apreciación del fiscal jefe del Tribunal de Cuentas. Eso sí, tras conocerse este viernes la noticia, la Fiscalía General del Estado emitió una nota de prensa donde limitó la valoración de Torres al procedimiento de fiscalización del Tribunal y añadió que, al carecer este de competencias para iniciar una investigación penal, deberá ser ahora la Fiscalía “competente” (por ejemplo, la de Madrid) la que analice si esas “irregularidades” tienen relevancia y deben ser reenviadas a un juzgado.

Podemos opta, mientras tanto, por defenderse de las informaciones: “Es un titular más contra Podemos que, cuando quede en nada, como todos los anteriores, muchos medios se olvidarán de clarificar. Quedarán, eso sí, las horas que le dedicarán en tertulias y las cadenas de WhatsApp para intentar que la mentira prevalezca”. La formación también difundió mensajes donde se afirmaba que el PP tiene el control del Tribunal de Cuentas, aunque Miguel Ángel Torres depende orgánicamente de la Fiscalía General del Estado y es fiscal de carrera desde 1982 —entre otros destinos, ha pasado por la Audiencia de Madrid y el Tribunal Supremo—.

La oposición, por su parte, se lanzó al ataque. El PP pidió este viernes a Pedro Sánchez que destituya a Iglesias, al que “la corrupción acorrala”. Y esa ofensiva política no tiene visos de amainar. La diputación permanente del Congreso se reunirá el próximo martes para decidir si el vicepresidente debe comparecer en la Cámara para dar explicaciones por la imputación de Podemos, como pidieron los populares y Cs. Una cita que la derecha quiere celebrar antes de acabar agosto y que serviría de prólogo al difícil otoño que se le avecina a Podemos en los tribunales, con la declaración de Calvente prevista para septiembre en la Audiencia Nacional tras acusar a la formación de urdir un montaje en el caso Dina; y las de los miembros de la cúpula imputados en el juzgado de Madrid, que serán en octubre y que incluyen a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación, miembro del gabinete de Iglesias y una de las personas más influyentes en la maquinaria interna de la formación.

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