El subsidio que no llega ni a las más afortunadas

Rafaela Pimentel, trabajadora del hogar, en su casa de Vallecas (Madrid).
Rafaela Pimentel, trabajadora del hogar, en su casa de Vallecas (Madrid).INMA FLORES / EL PAIS

La pandemia ha dejado en la intemperie a centenares de miles de trabajadores. Pero pocos empleos han estado tan desprotegidos como el de las trabajadoras del hogar. Confinadas con sus empleadores, despedidas por WhatsApp, sin derecho al paro ni a una baja si caían enfermas, solo tuvieron una buena noticia: el Gobierno aprobó en marzo un subsidio para las que hubiesen perdido el trabajo o reducido las horas a causa de la crisis. Sin embargo, la gran mayoría no han podido solicitarlo. Además, más de la mitad de las que lo pidieron no han cobrado todavía, seis meses después, por los retrasos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Las asociaciones de trabajadoras critican la “falta de voluntad política” para dar solución a un sector que se siente ninguneado por la administración.

A Diana —que prefiere no revelar su nombre real— el confinamiento la pilló como interna en una casa con una pareja de ancianos. Antes de la pandemia podía irse con su pareja los sábados y domingos a un piso compartido en Madrid, pero durante tres meses estuvo sola con ellos, trabajando 24 horas al día y sin salir, por miedo al contagio. “Los abuelos estaban muy contentos conmigo, yo les cantaba, les bailaba. Durante el confinamiento cumplieron los dos 90 años y lo celebramos los tres solos”, explica por teléfono. Con 61 años y después de tres años en España, esta trabajadora de origen colombiano había aceptado rebajar su tarifa —”les dije que era 950, pero solo podían pagar 800 euros al mes”— con la condición de que le hicieran un contrato. “Pero de todas las promesas, nada. En julio me echaron de un día para otro. Ahora estoy sin empleo, sin paro, y cómo no, sin subsidio porque no lo pude pedir”, lamenta.

En España hay más de 350.000 trabajadoras afiliadas al sistema especial de empleados del hogar. Pero la última encuesta de población activa indicaba que 580.000 personas tienen este empleo, una cifra que sindicatos y asociaciones aumentan a 700.000. En un sector donde el trabajo sin contrato es la norma y en el que buena parte de las trabajadoras son mujeres de origen migrante en situación irregular, es difícil saber cuántas personas se dedican a ello. El subsidio aprobado por el Gobierno a finales de marzo dejaba fuera a la gran mayoría: solo podían solicitarlo aquellas que tuviesen contrato, estuviesen dadas de alta en la Seguridad Social y certificasen que habían perdido todo o parte del trabajo después de la entrada en vigor del estado de alarma.

El resultado es que solo se está tramitando el subsidio para 31.000 personas. De estas, ahora lo cobran 13.091 personas, cerca del 42%, seis meses después de la aprobación de la ayuda. El Ministerio de Trabajo argumenta que el 40% de las solicitudes recibidas contenían errores que tienen que corregirse, y que el SEPE, al que se le ha multiplicado el trabajo por seis a causa de la tramitación de los ERTE, ha tenido que hacer frente a un nuevo subsidio sin tener los datos personales y laborales de las beneficiarias, ya que el sistema especial de empleados del hogar no cotiza. “Este subsidio es histórico porque va dirigido y se reconoce por primera vez a un colectivo que no cotiza para obtener una prestación por desempleo”, señala una portavoz del Ministerio.

Las asociaciones de trabajadoras consideran que el subsidio es un paso adelante, pero avisan de que “lo más importante es que se convierta en un subsidio estable, como cualquier prestación de desempleo”, afirma Pepa Torres, del Observatorio Jeanneth Beltrán de la asociación Senda de Cuidados, que se dedica a vigilar los abusos y a ayudar a tramitar denuncias. El enfado y la indignación crecen. Ya ha habido manifestaciones en Madrid, y esta semana varias asociaciones se reunirán con el secretario de Estado de Trabajo para abordar la cuestión.

“El subsidio es lo de menos. Hemos conseguido esta medida, pero ha sido terrible, porque ha dejado a muchísimas compañeras fuera”, explica Rafaela Pimentel, portavoz del colectivo Territorio Doméstico. Pimentel, de 59 años y origen dominicano, ha sido de las pocas que ha podido pedir la ayuda, pero no lo ha cobrado todavía. Su situación es inusual: “Soy una privilegiada, porque llevo 24 años con la misma familia y desde el principio mi situación ha sido regularizada y mis derechos reconocidos, aunque no tengo derecho al paro, como ninguna. Considera que con buena voluntad se pueden hacer las cosas bien, pero admite que no es así para la mayoría de trabajadoras, que sufren “cada vez más algo parecido a la esclavitud”. “Estamos solas, pero por suerte nos vamos organizando. Durante el confinamiento a muchas las han echado, o por el contrario han trabajado sin descanso y sin cobrar horas extra… al ser un sector tan irregular, muchas familias se aprovechan. Hemos dado apoyo con cajas de resistencia, bancos de alimentos y soporte psicológico”, detalla.

“A algunas internas, tras el primer mes de confinamiento, les dijeron que o aceptaban seguir trabajando a cambio solo de comida y cama, o se iban. A otras las han echado en medio de la pandemia: una de las internas despedidas, al salir a la calle con las maletas, pidió un taxi y se puso a llorar, y el taxista la llevó directamente a un polideportivo para personas sin hogar”, explica Torres. Las asociaciones han tramitado ya decenas de denuncias contra familias, pero temen que queden en nada por el colapso de la justicia.

Una conjunción necesaria entre la política y la sociedad

Las trabajadoras reclaman al Gobierno que cumpla con su compromiso y ratifique el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece los derechos de este sector. “Ni el estado ni las comunidades autónomas tienen en cuenta a estas mujeres. Tiene que haber una voluntad política real para acabar con estas situaciones discriminatorias, no solo por las trabajadoras, sino también por las familias que lo necesitan, porque cuidar a los mayores es un trabajo esencial”, asegura Rocío Echeverría, portavoz de Sindihogar, que califica la ratificación del convenio 189 de la OIT por parte del Gobierno solo como el primer paso para avanzar en el reconocimiento del derecho al paro de las trabajadoras, a inspecciones laborales en las casas y a acceder a la ley de protección de riesgos laborales.

Echeverría, que pese a tener una situación regularizada no tiene contrato en ninguna de las casas en las que trabaja, cree que el hecho de que se haya anunciado el subsidio como una gran herramienta cuando solo llega a una minoría es una muestra de cómo se percibe este sector en la sociedad.

“Hasta que la administración y la sociedad no entiendan la precariedad que sufrimos, no habrá una voluntad real de cambiarlo”, señala Echevarría, dejando al descubierto una realidad latente que sigue a la espera de un reconocimiento global que rompa unas barreras todavía presentes para este colectivo.

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