La Fiscalía investiga a la CUP por destinar fondos a la campaña del 1-O

La Policía trató de registrar la sede de la CUP el 20 de septiembre de 2017. Foto: Massimiliano Minocri
La Policía trató de registrar la sede de la CUP el 20 de septiembre de 2017. Foto: Massimiliano MinocriMassimiliano Minocri / �

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación contra las Candidatures d’Unitat Popular (CUP) por financiar el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017. La CUP había quedado hasta ahora fuera del radar de la justicia, pese a que fue uno de los actores clave en las movilizaciones sociales que desembocaron en el 1-O. El partido anticapitalista no formaba parte del Gobierno catalán que organizó la consulta (vetada por el Tribunal Constitucional) y por ello ninguno de sus responsables fue juzgado por el Tribunal Supremo que condenó a penas de cárcel, por sedición, a los principales líderes del procés.

La Fiscalía investiga dos partidas, que suman más de 168.000 euros, que la CUP destinó a la campaña del referéndum bautizada como “Sí, viure vol dir prendre partit” (”Sí, vivir significa tomar partido”). La campaña fue sufragada, supuestamente, con los ingresos que la CUP obtenía como grupo parlamentario, según ha avanzado el diario Ara. En un comunicado, el partido ha confirmado que las dos partidas corresponden a la presentación de un libro (Referèndum 2017: la clau que obre el pany) y la confección del vídeo Ara comença el Mambo.

La aportación pudo constituir un delito de malversación de fondos públicos, según fuentes judiciales, por usar fondos públicos para fines ilegales. El ministerio público ha citado a declarar, como testigos, a los proveedores de la campaña. Este mismo lunes ha declarado, como investigado, un antiguo miembro del secretariado nacional, el órgano directivo de la formación independentista. La CUP ha confirmado que, además de la declaración, la Fiscalía les ha solicitado la entrega de diversos documentos: el presupuesto del grupo parlamentario, el presupuesto de la campaña y la lista de personas que en 2017 formaban parte del secretariado nacional.

La CUP denuncia que la investigación comenzó por una propuesta de resolución de Ciudadanos de hace un año. El escrito recordaba que, según la ley, las asignaciones que reciben los grupos políticos a través del Parlament no se pueden destinar a “sufragar actividades ilícitas”, como el referéndum del 1 de octubre, que fue ejecutado por el Gobierno catalán pese a la prohibición y las advertencias reiteradas del Tribunal Constitucional.

“Es evidente que estamos ante una nueva muestra de la judicatura del Estado español de criminalizar al independentismo y perseguir la voluntad política de un pueblo”, ha asegurado la portavoz Núria Gibert, teniente de alcalde de Sant Cugat del Vallès (Barcelona). En el comunicado, la CUP reivindica su “participación y papel clave” en la celebración del referéndum del 1-O y en la “campaña de agitación popular” que llevó a la consulta.

El 20 de septiembre de 2017, mientras la Guardia Civil registraba distintas sedes del Govern para cortocircuitar el referéndum, la sede de la CUP fue rodeada de agentes de la Policía Nacional. Los agentes acudieron al local sin autorización judicial y, después de unas horas de tensión, se marcharon.

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