El espinoso camino hacia un impuesto a las plataformas digitales

Logo de Google en Davos, Suiza, el pasado enero.
Logo de Google en Davos, Suiza, el pasado enero.Arnd Wiegmann / Reuters

La tasa Google se ha convertido en el centro de un culebrón que enfrenta a Washington con el resto del mundo. Sede de las principales firmas tecnológicas del planeta, la Administración Trump está haciendo obstruccionismo a cualquier iniciativa dirigida a modificar el régimen fiscal que se aplica a sus multinacionales. Las amenazas de represalia de Estados Unidos han llegado hasta el corazón de la UE, y España tampoco se ha librado de las advertencias.

A mediados de junio, Madrid recibió —junto a Berlín, París y Roma— una carta del secretario del Tesoro de EE UU, Steven Mnuchin. Su contenido no era conciliador: avisaba de que Washington se bajaba de las negociaciones de la OCDE para diseñar una tasa Google global y amenazaba sin rodeos con represalias a los cuatro países, que ya tienen aprobadas o están a punto de aprobar tasas digitales de forma unilateral ante el impasse internacional.

Los socios europeos contestaron en bloque que no renunciarían a sus impuestos digitales, más aún en un momento tan delicado como el actual, con el gasto público disparado para hacer frente a la pandemia y los ingresos deprimidos por el parón de la actividad. Y con los gigantes digitales haciendo caja y volando en Bolsa. “Es justo y legítimo esperar que paguen su parte justa de impuestos en los países donde crean valor y ganancias”, rezaba la carta enviada de vuelta a Washington aunque añadía que se buscaría un “enfoque gradual”.

En España, la tasa Google se está ahora en fase de tramitación. El proyecto de ley fue aprobado por el Congreso a finales de julio, y previsiblemente se pondrá en marcha a principios de 2021. Antes de que estallara la pandemia, el Ejecutivo calculaba que brindaría 968 millones a las arcas públicas al gravar las empresas con una cifra de negocio mundial superior a 750 millones de euros anuales e ingresos en España de más de tres millones. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reiteró su intención de modificar ese gravamen si finalmente se llegara a un pacto internacional.

También Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía, aseguró tras la carta de EE UU que Bruselas continuaría por su cuenta en el diseño de una tasa Google comunitaria si no se llega este año a un acuerdo global. Pero ahí no tiene solo a Washington en contra. En 2019, la UE tuvo que enterrar el impuesto por el bloqueo de cuatro socios: Irlanda, Dinamarca, Suecia y Finlandia.

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