La izquierda europea presiona para relajar las condiciones del fondo de reconstrucción

Los grupos de la izquierda del Parlamento Europeo buscan rebajar la condicionalidad impuesta por la Comisión Europea para que los países accedan al fondo de recuperación. Socialdemócratas, verdes e izquierda europea tratan de desvincular los desembolsos del cumplimiento de las reglas fiscales y de ciertas reformas como la de las pensiones. En el caso de España, en juego hay casi 60.000 millones de euros en subvenciones. La Eurocámara sí pedirá que se aumenten los anticipos que se den a los países.

Bruselas ha hallado en el plan de recuperación una vía para lograr arrancar de las capitales algunas de las reformas que persigue. Las pautas publicadas por la Comisión Europea fijan tres grandes ámbitos prioritarios: las medidas contra el blanqueo de capitales, que apuntan a Chipre o Malta; las reformas vinculadas a la mejora del entorno empresarial (España e Italia), y las relacionadas con una fiscalidad lesiva para el resto de socios (Países Bajos e Irlanda).

La negociación de ese paquete masivo de ayudas, que asciende a 750.000 millones —de los cuales 672.500 millones se articularán a través del llamado fondo de recuperación y resiliencia— ha entrado en fase parlamentaria. Los calendarios son ajustados: a finales de octubre el fondo debería votarse en comisión para ser ratificado en pleno en noviembre. Y a partir de ahí, arrancaría la negociación a tres bandas, entre Parlamento, Consejo y Comisión. Si todos los plazos se van cumpliendo y los parlamentos nacionales ratifican el pacto, el fondo podría echar a andar en febrero de 2021.

La Eurocámara por ahora ya ha elaborado un borrador de informe que señala cambios respecto a la propuesta de la Comisión. La socialista Eider Gardiazábal, ponente del informe sobre el fondo de resiliencia y recuperación, explica que el borrador incluye un aumento de los anticipos que recibirán los países. En principio, estos tendrán a comienzos de año un 10% de las cantidades asignadas. Sin embargo, la Eurocámara pide duplicar esa proporción, hasta el 20%.

El informe, además, permite incluir en los planes inversiones y reformas con carácter retroactivo, es decir, efectuadas desde el comienzo de la pandemia. De este modo, los países podrían recibir oxígeno, puesto que todos los trámites previos a la emisión de deuda y los desembolsos podrían demorar los pagos. El borrador también recoge que el dinero que los países no gasten vaya al Presupuesto de la UE.

Los grupos parlamentarios han introducido, de forma paralela, 1.715 enmiendas. La izquierda se ha fijado como prioridad rebajar las condiciones impuestas por la Comisión. Fuentes diplomáticas creen que estas van más allá de lo decidido en el Consejo al introducir un artículo que da la potestad a la Comisión de suspender el desembolso de fondos si no se respetan las reglas fiscales.

Ahora esa cláusula no se aplicaría, puesto que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento está suspendido de facto, pero podría perjudicar a los países más rezagados en la recuperación en caso de que se decidiera reactivar a partir de 2022. “Los socialistas estamos en contra de esa cláusula, que sería contraproducente para el objetivo del plan, que es el de reactivar las economías europeas”, sostiene Gardiazábal.

El precedente de España

El diputado de Los Verdes Ernest Urtasun recuerda que esa disposición ya se introdujo en su día para los fondos de Cohesión. “La posición del Parlamento Europeo en su día fue que no queríamos ligar la política de cohesión con la condicionalidad macro. Y queremos que esa vuelva a ser la posición de la Cámara”, afirma. El gobierno del PP ya vio cómo se iniciaba un procedimiento contra España por ese motivo.

La diputada Sira Rego, de la Izquierda Unitaria, afirma estar en la “misma línea”. “Hemos sido muy nítidos. Uno de nuestros ejes ha sido la condicionalidad basada en los recortes y seremos beligerantes contra las decisiones que puedan dejar los estados sociales mermados”, advierte.

Los tres grupos también pedirán que no se vinculen los fondos con reformas que no estén dentro de los objetivos prioritarios del reglamento. Eso dejaría fuera la de las pensiones, a la que podría verse abocada España con el articulado de la Comisión. Los tres partidos suman 276 escaños, es decir, 77 menos de la mayoría absoluta. Los partidos creen tener opciones de que se apruebe retirar el vínculo con las reglas fiscales, pero no tanto con las reformas. No es la última batalla: en noviembre deberán vérselas con la Comisión y el Consejo.

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