El juez ordena investigar el patrimonio del exjefe de la UDEF durante el ‘caso Gürtel’ por su relación con Villarejo

De izquierda a derecha, los mandos policiales Enrique García Castaño, José Luis Olivera, Carlos Rubio, Enrique de Federico, Agustín Linares, Pedro Díaz-Pintado, Miguel Ángel Fernández-Chico, José Manuel Villarejo, Juan Antonio González, Miguel Valverde y Carlos Salamanca.
De izquierda a derecha, los mandos policiales Enrique García Castaño, José Luis Olivera, Carlos Rubio, Enrique de Federico, Agustín Linares, Pedro Díaz-Pintado, Miguel Ángel Fernández-Chico, José Manuel Villarejo, Juan Antonio González, Miguel Valverde y Carlos Salamanca.

La Fiscalía Anticorrupción considera que existen indicios “serios” de que el comisario José Luis Olivera, máximo responsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía durante la investigación del caso Gürtel, pudo tener tratos económicos con las empresas del policía corrupto José Manuel Villarejo. Así lo expone el ministerio público en un informe del caso Kitchen, la investigación sobre la supuesta trama parapolicial creada para arrebatar al extesorero del PP Luis Bárcenas documentos comprometedores para la formación conservadora en plena investigación judicial de Gürtel en la Audiencia Nacional. Olivera “tendría un pleno conocimiento de la Operación Kitchen”, concluye la Fiscalía.

El ministerio público apunta en su informe, de finales del pasado julio, que en virtud de esos acuerdos económicos con Cenyt —la principal empresa de Villarejo—, Olivera supuestamente “amparó actuaciones ilícitas” de su compañero. En unos casos, “facilitándole información de operaciones policiales secretas”, y en otros, como en el caso Kitchen, “permitiendo su planificación y ejecución a pesar de conocer su carácter ilícito”, señala el escrito.

En ese informe, incorporado al sumario y al que ha tenido acceso EL PAÍS, la Fiscalía solicita al juez Manuel García-Castellón que ordene a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que elabore un informe patrimonial sobre Olivera, un agente que ha ocupado algunos de los puestos más sensibles del Cuerpo, tanto con gobiernos del PSOE como del PP. El magistrado instructor ha accedido a la petición de los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano.

Olivera, que abandonó la UDEF en julio de 2012 y en enero de 2015 pasó a dirigir el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), no se encuentra formalmente imputado en la Operación Kitchen. Tras cesar en el CITCO en julio de 2018, pasó a formar parte del llamado Consejo Asesor del Cuerpo Nacional de Policía, hasta su jubilación, en octubre de 2019. En ese año, el funcionario, con más de cuatro décadas de servicio en la policía, fue fichado como asesor de seguridad de la Federación Española de Fútbol.

Para las pesquisas patrimoniales, los agentes de Asuntos Internos, la división encargada de investigar delitos cometidos por funcionarios de la propia policía, han recibido un informe de la unidad de la Agencia Tributaria adscrita a la Fiscalía Anticorrupción. En ese documento se señala que Olivera figura como cotitular de cinco cuentas bancarias y como único titular de 15 cuentas de depósito a plazo y que entre 2010 y 2018 ha percibido ingresos por valor de 1,1 millones de euros, casi todos del Ministerio del Interior.

En uno de los archivos de audio incautados a Villarejo en su domicilio se escucha a Rafael Redondo, abogado y socio del comisario corrupto, afirmar que Olivera se llevaría “un 5%” de uno de los trabajos de espionaje policial de Villarejo, y que ya se estaba beneficiando de otro: “Está chupando de cojones”, dice Redondo. Otra conversación, según la Fiscalía, “refleja cómo Olivera tiene pleno conocimiento” del modo en que Villarejo obtiene información para sus clientes, especialmente los tráficos de llamadas de las personas que investiga Cenyt, que le son facilitados por el comisario Enrique García Castaño, alias El Gordo.

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