Anticorrupción pide otros 77 años de cárcel para Correa por fraude fiscal

Desde la izquierda, Francisco Correa y Pablo Crespo, el pasado marzo en una sesión del juicio a la trama Gürtel por la visita del Papa en 2006 a Valencia.
Desde la izquierda, Francisco Correa y Pablo Crespo, el pasado marzo en una sesión del juicio a la trama Gürtel por la visita del Papa en 2006 a Valencia.FERNANDO VILLAR / EFE

La Fiscalía Anticorrupción solicita 77 años de cárcel para cada uno de los dos líderes de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo —en prisión desde 2017 para cumplir condena por otras piezas de esta causa— por cometer 23 delitos, en su mayoría fiscales, en su empeño por ocultar a Hacienda los 30,9 millones de euros que su trama cobró en comisiones ilegales. El escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EL PAÍS, pide además 31 años de cárcel para el asesor fiscal de la trama, José Ramón Blanco Balín, y 14 para el empresario José Luis Ulibarri.

En total, Anticorrupción pide sentar en el banquillo a 26 personas. Se trata de empleados de las sociedades de la trama, empresarios y testaferros que participaron durante los años que estuvo activa la trama Gürtel, desde finales de 1999 hasta 2009, en la operativa diseñada por esta para eludir los pagos al fisco. Esta pieza de Gürtel, cuya instrucción dio por concluida el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata el pasado marzo, es la última del macrosumario iniciado hace más de 11 años.

En el escrito, Anticorrupción recuerda que Correa se sirvió de un entramado societario “tanto para obtener contratos públicos sobornando a distintos cargos públicos como para ocultar dichos pagos”. Y destaca que estas empresas ocultaron sus ganancias a Hacienda simulando la prestación de servicios entre ellas, emitiendo facturas falsas y haciendo deducciones indebidas, incluidos los gastos personales de Correa, Crespo y otros integrantes de la trama. El cabecilla de la trama dispuso también de un entramado de cuentas bancarias y sociedades en paraísos fiscales que le permitieron ocultar el importante patrimonio inmobiliario que acumuló tanto en España como en el extranjero. Fiscalía cifra en 24,8 millones de euros “el ahorro fiscal ilícito” que consiguió el cabecilla de la trama.

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