La Inspección de Trabajo regulariza a 11.013 ‘riders’ de Glovo y obliga a la empresa a pagar más de 16 millones de euros

Un repartidor de Glovo en Barcelona.
Un repartidor de Glovo en Barcelona.Albert Garcia / EL PAÍS

Mientras empieza la negociación entre Gobierno y agentes sociales para que vea la luz la futura normativa sobre los riders, se conoce la información relativa a los resultados de la Inspección de Trabajo realizada a Glovo desde 2019. La autoridad laboral ha regularizado a 11.013 trabajadores que prestaban servicio como falsos autónomos a la plataforma catalana de envíos a domicilio. Asimismo, reclama a la compañía 16,2 millones de euros en cotizaciones, según ha adelantado elDiario.es y ha podido confirmar EL PAÍS.

Estos datos son el resultado de 30 actuaciones de inspección, la mayoría de ellas impulsadas por los sindicatos UGT, CNT, CC OO, CUT, Corriente Sindical d’Izquierda de Uvieu y SAT.

A través de las 22 denuncias interpuestas por los sindicatos, la autoridad laboral ha dado de alta en la Seguridad Social a más de 9.200 trabajadores de Glovo que estaban en situación de falsos autónomos. Para ellos, la inspección reclama a la compañía el pago de 14 millones en cotizaciones que no han sido abonadas por tenerlos trabajando en fraude laboral. Las ocho actuaciones restantes se han puesto en marcha de oficio y han dispuesto la regularización de 1.762 repartidores y la liquidación de 2,2 millones en cotizaciones.

Nueva regulación

Estos datos se conocen pocos días después de que la Inspección de Trabajo obligara a Amazon a dar de alta a 4.056 repartidores que trabajaban en Madrid y Barcelona como falsos autónomos y un mes después de una histórica sentencia del Tribunal Supremo ―a raíz de una denuncia de un exrider de Glovo― que zanja que los repartidores de las plataformas digitales son asalariados y no autónomos.

Mientras tanto, el Gobierno, los sindicatos y la patronal debaten la futura ley sobre los repartidores. La mañana de este miércoles las partes han mantenido una primera reunión en la que han acordado que la nueva norma no se limite solo a los riders, sino que tenga el afán de evitar el fraude laboral en general a través de las plataformas digitales. Agentes y sociales y Gobierno tienen previsto reunirse el próximo miércoles para avanzar en las negociaciones.

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